El Gobierno nacional apeló a la Corte Suprema para destrabar la reforma laboral

A través de un recurso excepcional, el Ejecutivo busca que el máximo tribunal revoque la suspensión de más de 80 artículos de la nueva ley, ordenada por un juez a pedido de la CGT.

El Gobierno nacional presentó un recurso extraordinario de «per saltum» ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El objetivo es que el máximo tribunal intervenga de manera directa en el conflicto judicial por la reforma laboral y deje sin efecto la suspensión de más de 80 artículos clave de la norma.

La presentación fue realizada por la Procuración del Tesoro en representación de la Secretaría de Trabajo, en busca de revertir el fallo dictado por un juzgado del fuero laboral que hizo lugar a una medida cautelar impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT), frenando la aplicación de gran parte de la ley en todo el país.

El «per saltum» es un mecanismo excepcional que permite saltear instancias judiciales intermedias para obtener una resolución urgente. Con esta estrategia, el Ejecutivo apunta a acelerar los tiempos judiciales y recuperar la vigencia de una de sus principales reformas económicas.

En un escrito de 40 páginas, el Estado nacional sostuvo que el magistrado que dictó la cautelar actuó sin competencia y que la decisión vulnera el principio de división de poderes, al suspender una ley sancionada por el Congreso con efectos generales. Además, cuestionó que la CGT haya impugnado artículos sin identificar un perjuicio concreto derivado de su aplicación.

Entre los puntos suspendidos figuran modificaciones en el régimen de indemnizaciones, nuevas modalidades de contratación, implementación de bancos de horas y límites a las contribuciones sindicales. Desde la central obrera argumentaron que estas disposiciones afectan derechos garantizados por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

Desde el Gobierno también denunciaron arbitrariedad en la resolución judicial, al sostener que se basa en «afirmaciones meramente dogmáticas» y omite considerar los argumentos oficiales. La ofensiva judicial del Ejecutivo se da en medio de una fuerte disputa por la reforma laboral, cuyo futuro quedó ahora en manos de la Corte Suprema.