A poco de que se cumpla medio siglo del último golpe de Estado, relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtieron que el Gobierno de Javier Milei está generando “alarmantes retrocesos” en materia de Memoria, Verdad y Justicia.
Desde 1983, Argentina se consolidó como referente mundial en materia de justicia transicional. La creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), el Juicio a las Juntas, los 1231 represores condenados, el Banco Nacional de Datos Genéticos (NBDG), los 140 nietos que encontraron las Abuelas de Plaza de Mayo, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) y los sitios de memoria son algunos de los elementos que hacen del país un modelo a seguir.
“Lamentablemente hoy estamos observando un rápido deterioro del liderazgo mundial de Argentina”, señalaron en un comunicado distintos expertos de la ONU. Entre quienes firmaron la declaración, dada a conocer en vísperas de los 50 años del golpe, se encuentran Bernard Duhaime (relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición), Gabriella Citroni y el resto de los integrantes del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Morris Tidball-Binz (relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias), Alexandra Xanthaki (relatora especial en la esfera de los derechos culturales) y Alice Jill Edwards (relatora especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes).
No es la primera vez que los relatores de la ONU le advierten al Gobierno sobre los retrocesos. Desde 2024 han enviado seis comunicaciones haciéndose eco de esta política de desmantelamiento.
La administración de La Libertad Avanza (LLA) combina un discurso que niega o relativiza los crímenes con una política de desmantelamiento de las políticas de justicia y memoria. En ese sentido, ha llevado adelante medidas que eran pedidas por los perpetradores: desarmar los equipos de relevamiento de archivos de las Fuerzas Armadas, desmantelar las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos —que también fue degradada—, eliminar el cuerpo de peritos para los juicios de lesa humanidad, reducir la Conadi o vaciar los sitios de memoria.
En esa línea, los expertos llamaron a “restablecer sin demora las instituciones y las políticas desmanteladas y a cesar las acciones que erosionan el legado histórico”.
El Gobierno preparaba una provocación para este 24 de marzo desde el museo que funciona en lo que fue el núcleo del campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA): se pensaba estrenar un video en el que se pusiera el foco en la violencia previa al golpe de Estado como intento de desresponsabilizar a las Fuerzas Armadas en el plan sistemático de desaparición y muerte que llevaron adelante. Sin embargo, en el Ministerio de Justicia le dijeron a Página/12 que es una “idea que no va a materializarse”.
“Las autoridades deben abstenerse de recurrir a la desinformación y al discurso de odio en relación con estos crímenes y sus víctimas. Intentar reescribir el pasado con narrativas negacionistas o revisionistas constituye otro retroceso alarmante y una violación de los derechos humanos”, puntualizaron.
También recordaron que los indultos por graves violaciones a los derechos humanos están estrictamente prohibidos. “Argentina no puede cometer el mismo error otra vez. Por el contrario, debe consolidar y construir sobre su exitoso legado de justicia transicional”, afirmaron.
En noviembre pasado, el Gobierno envió a su entonces subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, a negar a los desaparecidos y relativizar la magnitud de los crímenes de la dictadura ante un cuerpo de Naciones Unidas, lo que permitió que los expertos vieran en vivo y en directo la avanzada negacionista que la administración libertaria viene impulsando desde que llegó al poder.