La Cámara de Diputados dio media sanción al nuevo Régimen Penal Juvenil, que establece la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. El proyecto obtuvo 149 votos a favor y 100 en contra, sin abstenciones, y ahora será tratado en el Senado.
La iniciativa contó con el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Provincias Unidas, el MID, Innovación Federal, Encuentro Federal y otros bloques provinciales. El peronismo votó en contra en forma unificada durante la votación general.
Qué establece el nuevo Régimen Penal Juvenil
El proyecto no solo reduce la edad de imputabilidad. También fija una pena máxima de hasta 15 años de prisión para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales y secuestros.
Para delitos con penas menores a los 10 años, la ley prevé penas alternativas. Entre ellas figuran la amonestación, la prohibición de acercamiento a la víctima, los servicios comunitarios, el monitoreo electrónico, la reparación del daño y restricciones para circular o conducir.
La iniciativa además impulsa la creación de institutos especializados para menores, con personal capacitado en infancia y adolescencia. El texto prohíbe de manera expresa cualquier tipo de convivencia con detenidos mayores de edad y garantiza educación, atención médica y tratamiento por adicciones.
Derechos de las víctimas y salidas alternativas
El régimen incorpora un reconocimiento explícito de las víctimas dentro del proceso penal juvenil. La ley asegura su derecho a ser informadas, ser escuchadas, contar con patrocinio jurídico y recibir asistencia psicológica.
También habilita la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil para infracciones leves. Estas instancias requerirán el consentimiento de la víctima y la participación de todas las partes.
Argumentos a favor y críticas
Durante el debate, la diputada libertaria Laura Rodríguez Machado afirmó que la normativa vigente, sancionada en 1980, “no previene, no resocializa y no repara”. Sostuvo que el nuevo régimen incorpora estándares internacionales que la Argentina ya había suscripto.
Desde el peronismo, referentes como Juan Grabois cuestionaron el enfoque del proyecto. Plantearon que el problema central no es la edad, sino la falta de políticas en salud mental, consumos problemáticos y contención social. Otros diputados reclamaron más inversión en educación y deporte.
A favor del proyecto, el libertario Santiago Santurio sostuvo que la ley busca evitar la impunidad en delitos graves y brindar una respuesta a las víctimas. Afirmó que se trata de una función esencial del Estado.
Fondos y próximos pasos
En la última versión del texto, el Gobierno incorporó una partida presupuestaria de más de $23.700 millones para implementar el nuevo régimen. Los fondos se repartirán entre el Ministerio de Justicia y la Defensoría General de la Nación, tras el reclamo de los gobernadores.
Con la media sanción aprobada, el debate sobre la edad de imputabilidad pasará ahora al Senado, donde el proyecto volverá a generar fuertes cruces políticos y sociales.