El Gobierno nacional obtuvo una victoria legislativa de peso: el Senado aprobó por 42 votos a favor y 30 en contra el proyecto de modernización laboral, una de las principales apuestas del oficialismo para reformar el régimen de empleo en la Argentina.
Con esta media sanción, la iniciativa será girada a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo aspira a convertirla en ley antes del 27 de febrero.
Los apoyos y los rechazos
La votación reflejó un armado político amplio. Los 42 votos afirmativos fueron aportados por La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y bloques provinciales como Provincias Unidas, Frente de la Concordia, Independencia, Despierta Chubut, La Neuquinidad, Primero los Salteños y el Frente Cívico.
El respaldo implicó el acompañamiento de gobernadores como Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Ignacio Torres (Chubut), Rolando Figueroa (Neuquén), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Martín Llaryora (Córdoba) y Hugo Passalacqua (Misiones).
En contrapartida, los 30 votos negativos provinieron del interbloque peronista, Justicialista, Convicción Federal y Frente Cívico de Santiago del Estero, más dos legisladores de Santa Cruz.
Qué cambia la reforma
El proyecto aprobado contempla incentivos fiscales para promover el empleo formal, establece topes a las indemnizaciones, habilita convenios por empresa, crea el sistema de “banco de horas” y fija límites al derecho de huelga en servicios esenciales.
Además, durante la discusión se incorporó el traspaso de la Justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires como anexo de la ley.
En cuanto a los aportes sindicales, se mantendrá el sistema vigente con un tope del 2% para afiliados, mientras que las cámaras empresariales tendrán un límite del 0,5%. También se definió que el financiamiento actual del INCAA continuará hasta 2028 bajo el esquema vigente.