Mientras provincias como Córdoba, San Luis, Santa Fe, Neuquén y, recientemente Salta (por decreto) implementaron la obligatoriedad de realización de narcotest a funcionarios y personal de las fuerzas de seguridad, la Legislatura de Catamarca se mantiene al margen de esta iniciativa, porque de tres proyectos presentados desde el año 2020 hasta la fecha, uno obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados pero como no fue tratado en el Senado, perdió estado parlamentario.
El registro de intentos por regular el consumo de sustancias en el ámbito público local comenzó en el año 2020.
La entonces diputada oficialista Verónica Mercado presentó el Expediente 044/2020, una iniciativa que se limitaba exclusivamente a las fuerzas de seguridad de la provincia. El proyecto planteaba la necesidad de dar una señal a la comunidad ante dudas sobre la transparencia de los efectivos.
Cinco años después, el debate se reactivó con dos propuestas que extendieron el alcance hacia la planta política. En marzo de 2025, el ex diputado Hugo Ávila ingresó el Expediente 079/2025, fundamentando que la lucha contra el narcotráfico requiere de funcionarios con «firmes convicciones», difíciles de sostener para quienes padecen una adicción.
En octubre de ese mismo año, los diputados Silvana Carrizo, Mamerto Acuña, Tiago Puente y Natalia Herrera (bloque Generación del Cambio) elevaron el Expediente 611/2025. Su propuesta buscaba recuperar un proyecto con media sanción previa que había perdido estado parlamentario en el Senado.
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Alcance y las sanciones
A pesar de compartir el objetivo preventivo, los proyectos presentan marcadas diferencias en su implementación y en las consecuencias ante un resultado positivo.
En cuanto a los sujetos obligados, el proyecto de Mercado se restringía al personal policial en actividad, superior, subalterno y aspirantes.
En uno de sus párrafos asegura que “la iniciativa respeta la intimidad de cada persona y por ello puede negarse a la realización del control establecido, pero, en ese caso es lógico establecer la presunción en contra del mismo y corresponde en ese caso nopermitirle la permanencia en las fuerzas de seguridad”.
A su vez, el de Generación del Cambio incluía a los funcionarios de los tres poderes, organismos descentralizados y sociedades del estado (SAPEM), organismos desconcentrados y funcionarios del Poder Judicial, incluidos jueces y secretarios.
El proyecto de Ávila era el más amplio porque sumaba a los municipios, concejos deliberantes, candidatos a cargos electivos provinciales y nacionales, y directores de YMAD en representación de la Provincia.
Sobre la naturaleza de los controles, Mercado planteó la realización de exámenes aleatorios y sorpresivos para verificar el consumo de sustancias psicoactivas, tanto legales como ilegales, en el marco del servicio.
Sobre este punto, Ávila, propuso análisis obligatorios de sangre y orina con periodicidad anual; mientras que la consigna de Generación del Cambio fue la realización de un «narcotest» anual (aclarando que la autoridad de aplicación definirá los métodos y laboratorios), como condición para la permanencia en el cargo, bajo protocolos de confidencialidad y cadena de custodia.
Las consecuencias legales frente a un resultado positivo, merecen un capítulo aparte. La propuesta de Generación del Cambio estipulaba la suspensión preventiva del funcionario y la evaluación de medidas disciplinarias o tratamientos, al tiempo que Ávila, más taxativo, imponía el cese inmediato de funciones para miembros del poder ejecutivo y personal superior, juicio político ante la negativa, y la imposibilidad de ser candidato si el test resultaba positivo.
Para los empleados o personal dependiente, deja a criterio de la autoridad si corresponde licencia, suspensión o cese, siempre con abordaje integral de salud.
En contraste, Mercado priorizaba el abordaje sanitario, prohibiendo la baja del personal policial que accediera voluntariamente a un tratamiento de rehabilitación.
Los fundamentos de estas iniciativas destacan que Catamarca ha quedado rezagada frente a normativas nacionales y provinciales, exponiendo la falta de tratamiento legislativo de normas orientadas a prevenir, detectar y sancionar el consumo de estupefacientes en la función pública.
Las propuestas mencionan que provincias como Tucumán (2016), Tierra del Fuego (2018), Córdoba (2023) y San Luis (2024).