Hay doctrinas que nacen como advertencias y envejecen como coartadas. La Doctrina Monroe es una de ellas. Enunciada en 1823, en un mundo todavía atravesado por los restos del orden colonial europeo, proclamó una consigna que parecía emancipadora: América para los americanos. Bajo esa fórmula se prometía el fin de las intervenciones imperiales del Viejo Continente en el hemisferio occidental. Pero la historia, que siempre lee las letras chicas del poder, mostró otra cosa.
En su origen, la Doctrina Monroe no fue un tratado ni una norma de derecho internacional. Fue una declaración unilateral de los Estados Unidos, pronunciada cuando ese país aún carecía del poder militar para imponerla por sí mismo. Su eficacia inicial descansó más en equilibrios geopolíticos externos que en una voluntad altruista de protección continental. Como advierte el historiador Greg Grandin, la doctrina “sentó las bases simbólicas de una hegemonía futura, más que de una defensa inmediata”.
El giro decisivo llegó cuando Estados Unidos dejó de presentarse como garante frente a Europa y comenzó a asumirse como tutor del continente. El llamado Corolario Roosevelt, a comienzos del siglo XX, explicitó esa transformación: si algún país latinoamericano “fallaba” en mantener el orden, Estados Unidos se arrogaba el derecho de intervenir. Ya no se trataba de evitar colonizaciones externas, sino de disciplinar soberanías internas. La doctrina dejaba de ser una barrera y se volvía una puerta.
Durante la Guerra Fría, Monroe se recargó de sentido ideológico. Bajo la lógica binaria de un mundo dividido en bloques, cualquier proyecto político autónomo en América Latina podía ser leído como una amenaza. Intervenciones directas, golpes de Estado, bloqueos económicos y operaciones encubiertas se justificaron en nombre de la seguridad hhemisférica. La Doctrina Monroe funcionó entonces como “un lenguaje moral para encubrir relaciones de poder profundamente asimétricas”.
Sin embargo, la Doctrina Monroe nunca fue derecho. Y ahí reside una de sus contradicciones centrales. El orden jurídico internacional, consolidado tras la Segunda Guerra Mundial, se funda en principios claros: soberanía, no intervención, autodeterminación de los pueblos y prohibición del uso unilateral de la fuerza. La Carta de las Naciones Unidas es explícita: ningún Estado puede atacar a otro salvo en legítima defensa ante un ataque armado previo o con autorización del Consejo de Seguridad. La Carta de la OEA refuerza estos límites en el plano regional. El derecho internacional no admite tutelajes ni excepcionalismos permanentes.
Ese desfase entre doctrina política y legalidad internacional se vuelve evidente tanto en las acciones como en los silencios. En 1982, cuando una potencia extracontinental fue a la guerra contra un país americano, la Doctrina Monroe no fue invocada para defender la integridad hemisférica. Estados Unidos apoyó al Reino Unido. Malvinas expuso, sin eufemismos, el carácter selectivo y funcional de la doctrina. Como observa Carlos Escudé, “la política exterior estadounidense no se rige por principios universales, sino por cálculos estratégicos”.
El presente reactualiza esta discusión. En un mundo que ya no responde al esquema surgido tras la caída del Muro de Berlín, la pretensión de ordenar unilateralmente el hemisferio aparece desfasada. El escenario global es multipolar, con actores diversos y proyectos en disputa. En ese contexto, la reaparición discursiva de la Doctrina Monroe no expresa fortaleza, sino la dificultad de aceptar un orden internacional menos jerárquico, en el que Estados Unidos ya no ocupa una posición de vanguardia.
Como advierte Immanuel Wallerstein, las hegemonías no caen de golpe: se erosionan. Y en ese proceso, los viejos relatos reaparecen para sostener lo que ya no se impone con la misma eficacia. La Doctrina Monroe persiste, entonces, más como reflejo de una inercia histórica que como respuesta a los desafíos contemporáneos.
A dos siglos de su formulación, la Doctrina Monroe sigue proyectando su sombra. No como promesa de protección, sino como recordatorio de una tensión no resuelta entre poder y derecho. La pregunta ya no es si sigue vigente, sino qué revela cada vez que se la invoca. Porque cuando las doctrinas reemplazan al derecho, lo que está en juego no es el orden internacional ni sus disputas geopolíticas de poder, sino la soberanía misma de los pueblos.