Más de una década después, la causa contra una mujer policía acusada de apremios ilegales contra dos artesanas fue enviada a juicio. Si bien la decisión de la fiscalía todavía no está firme, la clausura de la etapa de instrucción representa un avance en un expediente que durante años sorteó planteos de prescripción presentados por la defensa de la imputada, Dagma Jazmín Moya.
El episodio ocurrió la noche del 29 de mayo de 2015 en las escalinatas del Cine Teatro Catamarca, donde Pamela Romero y Fabiana Orellano, junto a otras artesanas, exhibían sus trabajos para la venta. Era parte de su rutina diaria, pero un grupo de policías se acercó y, sin mostrar orden judicial ni ofrecer fundamento alguno, les ordenó retirarse.
Romero y Orellano se negaron ante lo que consideraban un abuso. Fue entonces cuando los uniformados decidieron esposarlas y subirlas a un móvil para trasladarlas a la Comisaría Primera con el pretexto de “averiguación de sus actividades y medios de vida”.
El presunto detonante del arresto fue que una de ellas sacó su celular para grabar el procedimiento.
La lentitud con la que avanzan las causas por apremios en la provincia es exasperante: de no ser por la persistencia de las víctimas quedarían sepultados bajo el manto de la impunidad. La lentitud con la que avanzan las causas por apremios en la provincia es exasperante: de no ser por la persistencia de las víctimas quedarían sepultados bajo el manto de la impunidad.
La escena siguiente transcurrió dentro de la dependencia policial, donde ambas mujeres denunciaron haber sido picaneadas. La fiscalía no logró confirmar ese extremo y, pese a los intentos de que la causa fuera caratulada como torturas y se imputara a otros efectivos, solo se mantuvo la acusación contra Moya por el delito de severidades.
La causa fue elevada a juicio, pero el debate nunca se concretó. El expediente permaneció entre 2017 y 2021 en el Juzgado Correccional Nº 2, a cargo de Diego Chayle Costilla, quien hizo lugar a un planteo de la defensa y anuló el requerimiento de citación a juicio.
Durante ese tiempo también se presentó una queja por retardo de justicia, que no prosperó.
Recién este año, el expediente regresó a Fiscalía y en agosto fue nuevamente elevado a juicio. Actualmente se encuentra en la Cámara de Apelaciones, a la espera de una definición que determine si finalmente habrá debate oral.
Las víctimas siguieron caminos distintos. Fabiana continúa viviendo en Catamarca, mientras que Pamela se mudó al sur del país para comenzar una nueva vida. Ambas esperan que aquella herida de diez años pueda, por fin, cerrarse.
La lentitud con la que avanzan las causas por apremios en la provincia es exasperante: expedientes que bordean la prescripción mientras acumulan polvo en los despachos judiciales y que, de no ser por la persistencia de las víctimas, quedarían sepultados bajo el manto de la impunidad.
Cada vez que una causa así se demora, el mensaje social es el mismo: que la violencia institucional puede quedar sin castigo, que el Estado no responde con la celeridad que exige la reparación y que la justicia, muchas veces, llega cuando ya es demasiado tarde.