El fiscal de instrucción N°2, Laureano Palacios, del Distrito Este, finalizó la investigación y elevó a juicio una causa en la que se encuentra imputada la policía Dagma Yazmín Moya por el delito de «severidades y vejaciones», por la golpiza a las artesanas Pamela Romero y Fabiana Orellano luego de que se resistieran a cambiarse de sitio pese a que habían sido autorizadas por inspectores municipales. El hecho ocurrió en 2015 y la causa continuó por una década en trámite.
Durante el proceso, la defensa solicitó el sobreseimiento de la acusada por prescripción de la acción penal, planteo al que se opusieron tanto el Ministerio Público Fiscal como la querella. El Juzgado de Control de Garantías N°3 rechazó el pedido y dispuso la continuidad de la causa. En agosto pasado la causa fue enviada a juicio y se notificó a las partes. Actualmente la causa se encuentra en la Cámara de Apelaciones ya que la defensa se opuso a la elevación a juicio confirmada por el juzgado de Control de Garantías.
El hecho
El hecho investigado ocurrió en mayo de 2015 y la imputada es la numeraria policial Dagma Yazmín Moya, sindicada como autora del delito de “severidades y vejaciones ilegales agravadas por ser cometido con violencia” en perjuicio de las dos artesanas.
De acuerdo con los elementos reunidos durante la investigación penal preparatoria, el episodio ocurrió mientras las víctimas trabajaban en la peatonal Rivadavia. Un grupo de policías, entre ellos la acusada, se presentó en el lugar para pedirles que se retiraran. Las mujeres manifestaron que contaban con permiso para trabajar allí, y ante la insistencia policial, una de ellas comenzó a filmar la situación con su teléfono celular. Esa acción derivó en que fueran trasladadas a la Comisaría Primera, donde habrían sufrido actos de vejación y severidad. La investigación determinó que la responsabilidad penal en Moya.
Prescripción
En mayo de este año, la defensa técnica de la imputada solicitó que se declare prescripta la acción penal, argumentando que el plazo había vencido en 2020 y que el proceso superó un plazo razonable. El Ministerio Público Fiscal se opuso al planteo, al considerar que el delito imputado fue cometido en ejercicio de funciones públicas, ya que la acusada es numeraria de la Policía de la Provincia. En consecuencia, explicó que el plazo de prescripción se encuentra suspendido, conforme al artículo 67 del Código Penal, que prevé esa excepción para los funcionarios públicos que permanecen en el cargo.
Entre los elementos valorados, el informe remitido por la Jefatura de Policía de la Provincia confirmó que Dagma Yazmín Moya continúa prestando servicios en la fuerza, en carácter de personal de planta permanente con el grado de Oficial Ayudante.
La querella particular también se opuso a la solicitud de prescripción formulada por la defensa. El fiscal sostuvo además que el trámite del proceso se desarrolló dentro de un plazo razonable, considerando la complejidad del hecho y las incidencias resueltas durante la investigación.
El Juzgado de Control de Garantías N°3, a cargo del juez Lucas Vaccaroni, compartió el criterio del Ministerio Público Fiscal y en su resolución, señaló que no se acreditó la extinción de la acción penal ni la violación del derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Consideró que el tiempo transcurrido se explica por la naturaleza del hecho, la acusación formulada, la tramitación del proceso y las respuestas emitidas por los órganos judiciales intervinientes. Por todo ello, el juez dispuso no hacer lugar al sobreseimiento solicitado y ordenó que la causa continúe su trámite hacia el juicio oral, medida ya cumplimentada.