Si el proyecto de Presupuesto que presentará este lunes por la noche el Presidente sigue las pautas previstas por el Fondo Monetario, el Gobierno deberá pagar el equivalente a unos US$ 7.500 millones adicionales de intereses de deuda y reducirá los subsidios a la energía y el transporte para mantener el equilibrio fiscal, por lo que los usuarios deberán afrontar probablemente una nueva suba de tarifas. Así, se desprende del último staff report del organismo.
En un contexto de fuertes tensiones con los gobernadores y presiones cambiarias tras la derrota del oficialismo en la provincia de Buenos Aires, Javier Milei anunciará por cadena nacional los principales lineamientos de su hoja de ruta para «mantener el rumbo» y cumplir el programa acordado con el FMI. Según las proyecciones del organismo, el superávit fiscal primario -esto es antes del pago de intereses- pasará del 1,6% del PBI en 2025 al 2,2% en 2026 y 2,5% en 2027.
Para lograr ese resultado, los ingresos tributarios subirían de 16,8% a 17,3% según figura en las planillas del organismo por el crecimiento previsto de la economía y medidas oficiales. Según el adelanto de Presupuesto enviado en julio, el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono aumentará 61,2% por las «actualizaciones de las sumas fijas» para determinar el impuesto.
Siguiendo las estimaciones del Fondo, la participación del gasto público en el producto bruto caería de 15,4% a 15,1%. Los cambios más significativos sería el incremento del gasto en jubilaciones de 0,1 puntos del PBI y una baja del gasto en subsidios al transporte de 0,2 puntos del PBI. Luego, el gasto en intereses presentará un incremento de 1 punto del PBI, pasando de un 1,2% en 2025 a 2,2% del PBI en 2026.
Esa diferencia, en el caso de los intereses de deuda, implica el pago de US$ 5.700 millones en 2025 y US$ 13.200 millones en 2026, un incremento de US$ 7.500 millones. De los números del FMI, se desprende que una parte corresponden a la deuda externa- incluyendo más de US$ 1.000 millones con el organismo- y la mayoría a la deuda doméstica, principalmente con acreedores privados.
«El cálculo es que asume, y ojalá suceda así porque sino estamos en el horno, que Argentina vuelve a los mercados internacionales, entonces vuelve a colocar deuda voluntaria con cupones más altos para reemplazar la deuda que vence el año que viene», explicó Nicolás Gadano, economista jefe de Empiria y exsubsecretario de Presupuesto bajo la gestión de Mauricio Macri.
A través del DNU 846, el Gobierno habilitó en septiembre del año pasado la emisión de deuda en moneda y bajo ley extranjera por hasta US$ 5.000 millones. De esa forma, el Ejecutivo quedó autorizado a hacer canjes de deuda en cualquier moneda sin pasar por el Congreso ni respetar el artículo 65 de la Ley de Administración Financiera, que exige mejorar montos, plazos y/o intereses.
Los intereses de deuda y amortizaciones de la deuda en dólares volvieron a tomar relevancia en los últimos días ante la imposibilidad del gobierno de acumular reservas y las dudas en el mercado sobre su capacidad de pago con un riesgo país en más de 1.000 puntos. Hasta noviembre hay que pagar US$ 1.230 millones al FMI, Club de París y otros acreedores, mientras que en enero vencen US$ 4.300 millones con bonistas privados.
Por otra parte, dado que se espera que sea limitada la baja del costo de la energía, la reducción de subsidios impactará en las tarifas. «Quedan tarifas residenciales de energía, todavía hay descuentos importantes para N1, N2 y N3, incuso para N1 que no paga full, y en transportes. Si bajan subsidios, tienen que aumentar las tarifas«, dijo Gadano.
«Por el lado de los ingresos es preciso identificar que política tributaria el gobierno espera llevar adelante en 2026. En esto la expectativa está puesta en qué impuestos el gobierno espera continuar bajando, luego de la del impuesto PAIS de este año. En el staff report con el FMI se planteó un aumento de la presión tributaria efectiva sin contar la seguridad social. En el proyecto de presupuesto se podrá apreciar tanto las acciones de política tributaria como de administración tributaria esperadas para 2026″, dijo Nadín Argañaraz, titular del IARAF.