lunes, 25 de agosto de 2025 02:05
La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Catamarca expresó su más “enérgico repudio y preocupación” ante las amenazas de muerte que recibieron los fiscales Augusto Barros y Paola González Pinto, así como a una testigo, en el marco del juicio por el crimen de Marcelino Pachado.
La entidad emitió un comunicado ante los últimos acontecimientos de público conocimiento y calificó como “inadmisible que quienes ejercen la labor de representar a la sociedad en los procesos judiciales sean objeto de actos intimidatorios”. La Fiscalía de Instrucción N° 1, a cargo de Jésica Miranda, actuó de oficio para investigar las amenazas publicadas en una cuenta de Facebook.
El sospechoso, identificado como Braian Galván y cuñado de uno de los condenados en la causa, fue detenido y se le secuestraron siete teléfonos celulares. Para resguardar la integridad de los involucrados, se dispusieron medidas de protección específicas e inmediatas.
La Asociación reiteró su “compromiso con la defensa de la legalidad, la independencia judicial y el respeto por el Estado de Derecho”, pilares que considera fundamentales de la convivencia democrática. También manifestó su “solidario acompañamiento” a los fiscales y reafirmó que “ninguna amenaza ni acto de violencia puede condicionar la independencia ni el compromiso de los operadores judiciales”. La entidad confía en que la Justicia tomará las medidas correspondientes para que los hechos no queden impunes.
De oficio
Cabe recordar que, el sábado, el ministerio público informó que la Fiscalía de Instrucción N° 1, a cargo de Jésica Miranda, dispuso la detención de un hombre y el secuestro de siete teléfonos celulares en el marco de una investigación de oficio por amenazas a los fiscales Augusto Barros y Paola González Pinto, así como a una testigo clave tras el juicio por el crimen de Marcelino Pachado.
El procedimiento se concretó debido, a las amenazas, publicadas en redes sociales tras la condena de cuatro personas en el caso Pachado, motivaron la actuación inmediata de la representante del Ministerio Público, que dispuso la intervención de la División de Ciberdelito para la preservación de la cuenta de origen. Paralelamente, personal de la Brigada de Investigaciones procedió al arresto del sospechoso, quien quedó a disposición de la Justicia.
Para resguardar la integridad de los involucrados, se ordenaron medidas de protección específicas e inmediatas para los funcionarios judiciales y para la testigo clave, quien ya contaba con resguardo por amenazas previas.
El viernes, se conoció se conoció que Marcelo Barros y su hijo Cristian Barros fueron condenados a prisión perpetua por el crimen de Marcelino Pachado.
La sentencia fue dictada por el jurado popular en un juicio que se extendió por varios días y que incluyó la declaración de numerosos testigos.
Hecho
La investigación del crimen de Marcelino Pachado, que culminó con la condena a prisión perpetua de Marcelo y Cristian Barros, determinó los detalles del brutal ataque ocurrido en febrero de 2017. El caso fue investigado por personal de la Oficina Judicial de Investigaciones Especiales, la División Homicidios y la Fiscalía, que reunieron los elementos de prueba para esclarecer los hechos.
Según la investigación, el 7 de febrero de 2017, entre la 1.30 y las 3 de la madrugada, en el domicilio de la familia Barros, en el Barrio Montecristo, Marcelino Pachado fue atacado a golpes con los puños y elementos contundentes. La víctima, que se encontraba en estado de ebriedad y sin posibilidades de defenderse, sufrió lesiones de consideración en su rostro, cabeza y tórax.
Posteriormente, los imputados envolvieron el cuerpo de Pachado en una sábana y lo trasladaron en un automóvil propiedad de Marcelo Barros hasta la vera del Río del Valle, donde lo abandonaron. Pachado fue encontrado y trasladado al Hospital San Juan Bautista, donde permaneció en terapia intensiva debido a la gravedad de sus lesiones, falleciendo el 15 de febrero de 2017.
La investigación también determinó que, luego de la golpiza y de abandonar el cuerpo, los imputados procedieron a enterrar en el patio de la casa la sábana y los elementos que utilizaron en el ataque. Además, inutilizaron el automóvil, que posteriormente fue abandonado, completamente destruido, en el predio de la Planta de Tratamiento de Residuos, en la zona Sur de la Capital.
Solidaridad
Por último, también la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina expresó su solidaridad con el fiscal de Cámara Augusto Barros, quien recibió la amenaza de muerte. La organización repudió enérgicamente la amenaza y solicitó la protección de su seguridad y la de su familia.
“Estamos comprometidos con la lucha por la justicia y la verdad, por lo que consideramos que estas amenazas y actos de violencia perjudican el accionar de la justicia” finaliza.