Dos ovaciones en la Rural

Gobernar implica tomar decisiones que tienen un impacto inevitable en la sociedad. Cuando esas decisiones son de índole económica y particularmente fiscal, conllevan una distribución de recursos que pueden favorecer o perjudicar a los actores sociales, según la naturaleza de la medida o conjunto de medidas que se pongan en práctica.

El presidente Javier Milei hizo ayer, en el escenario que le brindó la poderosa Sociedad Rural, dos anuncios que son muy gráficos de la reflexión precedente. Por un lado ratificó el veto a la ley que impulsa un modesto aumento de apenas 22.000 pesos por mes a cada jubilado que gana la mínima. Al mismo tiempo, informó que procederá a una rebaja permanente de las retenciones a las exportaciones de varios productos, entre ellos la soja. Ambos anuncios fueron ovacionados por el público presente en la tradicional exposición.

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La baja de las retenciones beneficia a un reducido porcentaje de productores, mientras que la ley que incrementa los haberes previsionales favorece a seis millones de jubilados. La baja de las retenciones beneficia a un reducido porcentaje de productores, mientras que la ley que incrementa los haberes previsionales favorece a seis millones de jubilados.

Tanto el eventual aumento a los jubilados como la baja en el porcentaje que el Estado le cobra a las retenciones a las exportaciones de algunos productos de origen agropecuario, tienen un costo fiscal que en el gobierno libertario advierten como amenazante para el objetivo de mantener el superávit de las cuentas públicas. Diversos economistas calculan que por la baja impositiva para “el campo” el Estado dejará de recaudar un monto que se ubica entre el 0,1% y el 0,3% del Producto Bruto Interno, mientras que el aumento a los jubilados representa el 0,2% del PBI para lo que resta del año y el 0,4% anualizado.

La baja de las retenciones beneficia a un reducido porcentaje de los productores agropecuarios de la Argentina –principalmente a los exportadores de la zona de la Pampa Húmeda-, mientras que la ley que incrementa los haberes previsionales favorece a poco más de seis millones de jubilados y pensionados. La actualización de esos haberes previsionales no es más que la recuperación de lo que perdieron al comienzo de la actual gestión libertaria.

El gobierno nacional, al convalidar la rebaja impositiva para los productores agropecuarios que exportan y al vetar el aumento a las jubilaciones, está tomando una decisión política que determina una distribución del ingreso a favor de un sector y en perjuicio de otro. No sorprende: es congruente con otras decisiones de carácter impositivo contenida en la Ley Bases, instrumento legislativo que propició una rebaja en el Impuesto a los Bienes Personales (que grava la riqueza), y al mismo tiempo un incremento tributario a las categorías más bajas del monotributo.

Gobernar, como se dijo, es tomar decisiones con impacto fiscal y gravitación en la distribución del ingresos y consecuentemente en la acumulación de la riqueza. Advertir quiénes son los beneficiados y quiénes los perjudicados con las medidas que se adopten, permiten desentrañar los intereses que representan las autoridades que deciden las políticas públicas.