IEl feminismo avanza con fuerza en Uruguay: este miércoles 23 de julio, en el Anexo de la Torre Ejecutiva, el gobierno reinstaló el Consejo Nacional de Género para el período 2025-2030, bajo el lema “Hacia un Estado con igualdad sustantiva”.
La institucionalización de la agenda de género está cada vez más cerca de completarse. Amparado en las “sugerencias” de organismos internacionales, el Frente Amplio encamina la jerarquización del Instituto Nacional de las Mujeres (ImMujeres) como órgano rector de políticas públicas nacionales.
¿Sumisión o conveniencia?
Sin embargo, sería conveniente desmantelar esta aparente sumisión. Para que se termine el circo, basta con correr el telón. Y ahí está la casta política: una maquinaria burocrática que encuentra su caldo de cultivo en las agendas globales ajenas a las necesidades reales de la ciudadanía, pero útiles para justificar la creación de nuevas estructuras, cargos y programas desde los cuales perpetuarse en el poder.
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Sumado a esto, la creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos augura un escenario insólito: un país que proyecta apenas tres millones de habitantes para 2070, pero que podría contar con 16 ministerios ya en 2030.
Un mensaje claro y persistente
Durante el acto de reinstalación del Consejo Nacional de Género (CNG), la socióloga Ana Laura Rodríguez Gustá, consultora responsable del diagnóstico nacional, destacó la constante presión que ejercen los organismos internacionales sobre Uruguay para que eleve la jerarquía de InMujeres.
En particular, mencionó la reciente recomendación 125.181, formulada por Panamá en el marco del cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, contenida en el documento oficial, que insta a: “elevar el rango del Instituto Nacional de las Mujeres al nivel ministerial y dotarlo de recursos adecuados.”
Rodríguez Gustá también recordó que esta demanda no es nueva. La CEDAW —el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer—, ya en su informe de julio de 2016 advertía sobre las debilidades estructurales del Instituto. Entre ellas, señalaba la falta de autonomía institucional al depender del Ministerio de Desarrollo Social y la superposición de competencias entre organismos de género.
| Redacción
Al cierre de su exposición, la consultora no dudó en señalar que los organismos internacionales seguirán presionando a Uruguay hasta que se concrete la creación de un Ministerio de la Mujer, ya que la exigencia se reitera en todos los mecanismos de evaluación internacional desde hace años.
Al Frente Amplio le encanta “hacer más allá del programa”
La vicepresidente de la República, Carolina Cosse, estuvo presente. En su discurso recordó que el programa del Frente Amplio establece claramente el compromiso de fortalecer InMujeres y de abordar las desigualdades desde una perspectiva interseccional.
Las Bases Programáticas 2025-2030, en la sección de género, no aborda explícitamente la propuesta de elevar la jerarquía del Instituto a nivel ministerial. Sin embargo, el documento señala la importancia de fortalecer la institucionalidad de género y transversalizar la perspectiva de género en todas las políticas públicas, lo que implica otorgar un rol central a Inmujeres.
En esta línea, dado lo expresado anteriormente por la socióloga feminista sobre las presiones internacionales, Carolina Cosse afirmó con completo descaro:
“El programa está para marcar metas, pero siempre se puede hacer más, aunque no esté en el programa, así como hicimos el Ceibal, que no estaba en el programa.”
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Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía
Pero los motivos para sentir vergüenza de este gobierno son infinitos. Durante el evento, la comunista reivindicó el informe falso sobre violencia basada en género elaborado por ONU Mujeres en conjunto con UCLAEH, en el cual concluyeron que las denuncias falsas contra hombres inocentes son «insignificantes».
Además, con completo cinismo, señaló que la metodología “seria y científica” del informe será exportada desde Uruguay, para que otros países también engañen a la gente.
El reciente caso de Pablo Ghisoni, médico que estuvo preso injustamente durante años por una denuncia falsa de abuso promovida y sostenida por su propio hijo manipulado, expone con crudeza la tragedia de hombres inocentes arruinados por acusaciones infundadas.
Frente a esta realidad tangible y devastadora, resulta alarmante la defensa acrítica que hace este gobierno del informe elaborado por ONU Mujeres y UCLAEH, el cual minimiza el problema de las denuncias falsas calificándolas de “insignificantes”.
Todo vomitivamente violeta
Por otra parte, Cosse anunció que revisarán lo que denominó “mal llamada Ley de Corresponsabilidad Compartida” (Ley N.º 20.141), aprobada en mayo de 2023, que establece la igualdad de derechos y obligaciones parentales tras la separación.
Asimismo, informó que se creará una Unidad de Género en el Parlamento y se reconstruirá la Bancada Bicameral Femenina.
Además, anunció que, en conjunto con InMujeres, se está desarrollando un programa de formación de mujeres en política, enfocado en promover militantes femibolches en todos los niveles del Estado.
ODS 5: CNG
El Consejo Nacional de Género (CNG), reinstalado bajo el lema “Hacia un Estado con igualdad sustantiva”, fue creado por la Ley N.º 19.846 de 2019 con el objetivo de articular las políticas de género en toda la estructura estatal. Lejos de limitarse a coordinar acciones por la igualdad ante la ley, el CNG actúa como engranaje institucional para expandir la ideología feminista a través de todas las capas estatales.
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Presidido por Inmujeres, su integración refleja el peso político de esta agenda: participan representantes de todos los ministerios y de una quincena de organismos clave, como la OPP, la Fiscalía General de la Nación, ANEP, Udelar, el Poder Judicial y el Congreso de Intendentes. A esto se suman cinco delegadas de organizaciones feministas, así como representantes del PIT-CNT y de las cámaras empresariales.
El CNG orientará su accionar, entre otras cosas, en la Estrategia Nacional para la Igualdad de Género al 2030 (elaborada durante el período 2015–2020) y en el documento presentado el pasado 8 de marzo, titulado Igualdad de Género, Compromiso de Estado: dos panfletos stalinistas que imponen a todos los ministerios la obligación de adoptar medidas específicas, destinar fondos exclusivamente a mujeres, implementar capacitaciones ideológicas en “equidad” y aplicar la paridad de manera forzada.
ONU y BID: socios estratégicos
La directora de Instituto de las Mujeres, Mónica Xavier, destacó el respaldo de Naciones Unidas, a quienes calificó como “aliados estratégicos de siempre”.
Señaló que la ONU está «apoyando» el fortalecimiento del Consejo Nacional de Género para la futura construcción de un nuevo Plan Nacional de Igualdad de Género.
La socialista también agradeció al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ya que «colabora» con el Instituto en procesos institucionales de planificación, monitoreo y evaluación.
¿Decimosexto ministerio?
Las presiones internacionales, el nuevo gobierno progresista, la nula oposición y el respaldo financiero de los organismos de crédito darán origen a otra Secretaría de Estado en Uruguay: el Ministerio de la Mujer.
Sin embargo, independientemente de la aberración que constituye sumar más carga burocrática a los uruguayos, lo que está realmente en juego es la consolidación de una agenda ideológica en el seno del Estado.
¿Los intelectuales y el poder?
Los principales responsables de esta distopía han sido los intelectuales. Desde las universidades y centros de investigación, se viene demostrado el compromiso de la academia con los «feminismos».
Así, desde hace décadas vienen creando neologismos que colonizan el lenguaje, condicionan las estructuras del pensamiento y, por consiguiente, orientan la legislación y rediseñan la estructura misma del Estado.
Quien controla los discursos, controla…
La noción de «género» es un concepto desarrollado por la teoría feminista anglosajona en los años setenta. Tomado originalmente de la gramática, el término fue resignificado por el feminismo para describir las «construcciones sociales» que, según este movimiento, determinan los roles, oportunidades y desigualdades entre hombres y mujeres, instaurando así una nueva dinámica marxista de opresor y oprimido.
Desde entonces, el feminismo ha permeado por completo el mundo de las ideas: antropología, sociología, historia, filosofía, educación, estudios culturales, comunicación, derecho.
Institucionalizar la “perspectiva de género” implica obligar a los ciudadanos a adoptar una cosmovisión específica sobre el ser humano, las relaciones sociales y la naturaleza del poder.
Dogma indiscutido
Lo cierto es que prácticamente no existen cuestionamientos a la existencia y legitimidad del término género. A través de la academia y la maquinaria estatal, esta noción ha logrado infiltrarse en cada resquicio de la vida social, cultural e incluso jurídica, moldeando políticas públicas, marcos normativos y discursos.
| Redacción
Desde la academia, han impulsado el desplazamiento deliberado del concepto de sexo —anclado en la realidad biológica— para imponer el predominio de una categoría construida desde teorías neomarxistas: el género. Así, se ha venido redefiniendo la base sobre la cual se comprenden las identidades humanas, las relaciones sociales y el poder mismo.
Estado feminista
En ese contexto, el Estado ya no actúa como garante neutral del bien común, sino como un vehículo ideológico que legitima una única forma de interpretar la realidad.
La institucionalización de la teoría feminista, mediante políticas de género obligatorias, constituye una violación directa del artículo 5 de la Constitución. Este principio de laicidad, lejos de limitarse a lo religioso, protege la libertad de conciencia, pensamiento y creencias de todos los ciudadanos.
Por consiguiente, la creación del Ministerio de la Mujer, cimentado sobre los axiomas del feminismo interseccional, constituye una amenaza directa a las libertades individuales y marca el fin de la neutralidad institucional del Estado.