En una jornada legislativa cargada de tensión y simbolismo político, el Senado aprobó por amplia mayoría un conjunto de leyes que representan un fuerte revés para el gobierno de Javier Milei. Entre las medidas sancionadas se destacan el aumento del 7,2% para las jubilaciones y pensiones generales, la elevación del bono previsional de $70.000 a $110.000, la extensión de la moratoria previsional por dos años, y la declaración de emergencia en discapacidad.
Estas decisiones, que implican un incremento significativo del gasto público, fueron tomadas en una sesión autoconvocada por la oposición, sin el aval del oficialismo, que se retiró del recinto antes de la votación. La sesión del Senado se desarrolló en un clima de confrontación institucional.
La oposición logró reunir el quórum con el apoyo de senadores peronistas, radicales y representantes de partidos provinciales. La presidenta del Senado, Victoria Villarruel, fue duramente criticada por sectores del oficialismo por permitir el desarrollo de la sesión, mientras que el presidente provisional, Bartolomé Abdala, fue impugnado por su intención de abstenerse.
El oficialismo, representado por La Libertad Avanza, se retiró del recinto y cuestionó la legalidad de la sesión, argumentando que no había sido convocada formalmente y que los dictámenes de comisión eran inválidos. El secretario parlamentario Agustín Giustinian incluso firmó una resolución que declaraba ilegales los despachos tratados.
Las leyes sancionadas incluyen: Aumento del 7,2% en jubilaciones y pensiones, como compensación por la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación. En enero del año anterior, la inflación fue del 20%, mientras que el ajuste otorgado por el Ejecutivo fue del 12,5%.
Incremento del bono previsional de $70.000 a $110.000, con actualización automática por inflación. Extensión de la moratoria previsional por dos años, permitiendo que adultos mayores sin los 30 años de aportes accedan a una jubilación mínima mediante un plan de pagos.
Más medidas
Declaración de emergencia en discapacidad, con el objetivo de garantizar la actualización de prestaciones para personas con discapacidad hasta diciembre de 2026. Rechazo del veto presidencial a la ley de emergencia para Bahía Blanca, que establece un fondo especial de $200.000 millones para asistir a la ciudad tras las inundaciones de marzo.
Media sanción a proyectos de distribución de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles, impulsados por los gobernadores. El presidente Javier Milei reaccionó con dureza ante la aprobación de estas leyes. En un acto en la Bolsa de Comercio, calificó la jornada como un “acto de desesperación” de la oposición y confirmó que vetará las normas aprobadas.
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