El peronismo aprovechará la condena de Cristina de Kirchner y el fallo Preska sobre YPF para montar su campaña electoral. Estos dos hechos, que podrían considerarse una desgracia para cualquier organización política, ya corren como consignas de la oposición para competir con chance en las elecciones de octubre.
El PJ y sus aliados de Unión por la Patria sacaron en 2023 el 44% de los votos, la representación de casi la mitad del electorado. Con ese capital aspiran a convertir las elecciones de octubre en un plebiscito sobre: 1) la situación de Cristina y 2) la defensa de la nacionalización de YPF. Estas dos consignas plebiscitarias polarizan los comicios, de cuyos resultados depende el futuro de la fuerza.
Con ese botín imaginan que podrán promover una ampliación de la Suprema Corte que legitime un cambio de la situación de la expresidenta, que parece hoy no tener ningún recurso posible. La única luz es encontrar algún resquicio para abrir la posibilidad de una revisión por la propia Corte. Los más imaginativos del “gabinete de defensa” buscan encontrar argumentos que permitan una revisión de la proporcionalidad entre la condena penal y la accesoria de la inhabilitación.
El planteo, que puede llegar a algún tribunal internacional, es si una inhabilitación a perpetuidad es proporcional frente a una condena de 6 años. Si la revisión lograse reducir la inhabilitación de Cristina, se abriría un camino de salida. Podría por lo menos quedar habilitada para ser candidata.
La hora de los jueces
El planteo le parece plausible a alguna estrella del constitucionalismo (que no mencionaré) por lo menos como intento. “Uno de los puntos más delicados en esa cuestión – escribió en 2004 el hoy camarista de la Casación Guillermo Yacobucci – está dado por la necesaria proporcionalidad entre la restricción que produce la sanción penal y el ilícito que la justifica” («El principio de proporcionalidad como regla fundamental de la política criminal», 2004, consultado en www.saij.jus.gov.ar Id SAIJ: DACF040067)).
¿La oportunidad? La misma que aprovechó en 1999 Carlos Menem para intentar una tercera reelección. Lo habilitó fugazmente el juez Ricardo Bustos Fierro a inscribirse como candidato.
El juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla ya le tiró un centro a Cristina cuando se declaró incompetente ante un amparo en favor de la expresidenta que buscaba habilitarla como candidata y le pasó el caso a la justicia provincial. Allí espera que alguna mente ingeniosa le encuentre la vuelta al planteo sobre la proporcionalidad entre condena e inhabilitación.
Desde el balcón
Por la condena firme de Cristina, el PJ está a cargo del vicepresidente José Mayans. El Consejo Nacional no se ha reunido aun para formalizar la nueva conducción. ¿La “inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos” que consigna la condena, se extiende a cargos partidarios?
El artículo 38º de la Constitución dice que “Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático”. ¿Presidir un partido es un cargo público? Otro tema para los peritos. Es oportuno porque Cristina desde su casa de San José 1111 mantiene línea directa con lo que entiende es el búnker más importante del partido: el Senado.
Su defensor ha pedido autorización a la justicia para que la visiten cuatro lanceros del bloque: Mayans, Anabel Fernández Sagasti, Juliana Di Tullio y Oscar Parrilli. Siguió hora a hora el minué en la cámara de la auto convocatoria de la Comisión de Presupuesto el jueves pasado. La oposición logró las firmas necesarias para dictaminar el proyecto de aumento de las jubilaciones y la emergencia de discapacidad.
También vigiló desde el balcón la redacción de los dos proyectos que promovieron los gobernadores: el reparto de los ATN y de los fondos del impuesto a los combustibles que van a las obras viales.
Aconsejó al bloque que esas iniciativas fueran presentadas después de asegurarse del compromiso de los mandatarios en el CFI para apoyarlas en el recinto con 2/3 de los votos, imprescindibles para asegurar no solo su tratamiento sobre tablas y, además, enfrentar con éxito un eventual veto.
Dictamen en la clandestinidad
El gobierno entró en pánico ante la posibilidad de que estos proyectos prosperen. El martes anterior, Carlos Guberman (secretario de Hacienda de la Nación) les dijo a los ministros de Hacienda de las 24 provincias que esos proyectos producirían déficit fiscal y que en estas condiciones el gobierno no tiene ninguna contraoferta.
En la noche del miércoles hubo una discreta reunión en el despacho de Mayans, que recibió la visita de Ezequiel Atauche, presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, y del senador Víctor Zimmermann, radical por el Chaco. Atauche dijo que tenía órdenes del gobierno de postergar la reunión de la comisión hasta agosto.
Mayans respondió que, si el jueves no convocaba a la comisión, los senadores se autoconvocarían y lo destituirían. Atauche no apareció el jueves, hubo auto convocatoria y dictamen. Nunca había ocurrido algo parecido. Tampoco que la autoridad de la cámara que preside Victoria Villarruel retirase las cámaras del canal de TV, los micrófonos, el equipo de audio, y el servicio de café, té y mate cocido.
Bartolo Abdala, presidente provisional, intervino para tratar de disuadir a los autoconvocados, asistido por Agustín Giustinian, secretario parlamentario del Senado. Sólo concedió reponer el servicio de audio.
Casi en la clandestinidad y sin transmisión por TV, Mayans dijo que estaban ante un acto de censura de las autoridades. Los dictámenes de jubilaciones y discapacidad han quedado en un limbo, según el oficialismo, y no descartan que el tema termine en la justicia.
Gobiernos en pánico
Los proyectos de reparto de ATN y de los fondos del impuesto a los combustibles tienen la firma de casi todos los bloques del Senado, cumpliendo el compromiso de los gobernadores de que aseguran los votos necesarios para que se traen el próximo jueves 10 de julio, sobre tablas y que se aprueben.
El pánico del gobierno seguramente va a promover alguna respuesta a los gobernadores en la semana que se inicia, de manera de disuadir a la oposición de que sesione el jueves. Este juego de póker pone a prueba la resistencia de las partes.
El gobierno no puede tolerar que le voten en la cara proyectos que le van a costar el reproche de los organismos de crédito, temerosos de que aumente el riesgo político que proyecta el futuro escenario electoral.
De nuevo aparece la amenaza de que el peronismo, aun con Cristina presa, recupere posiciones. Los gobernadores que presentaron esos proyectos tampoco pueden resistir, en su mayoría, una represalia presupuestaria del gobierno. Sostienen la conciencia de acompañar al gobierno en el objetivo de equilibrio fiscal. Pero tampoco creen en utopías.
Miraron por la CNN con envidia la larga sesión del Capitolio que duró casi una semana para tratar el presupuesto de Donald Trump. Esa administración, modelo de la gestión Milei, logró que le aprobasen reformas fiscales que según dos ex secretarios del Tesoro llevarán a que “la deuda del país sea del mismo tamaño que toda su producción económica, y si se aprueba este paquete legislativo, podría crecer hasta el 135 por ciento o más, con un déficit presupuestario anual equivalente al 8 por ciento del producto interno bruto, para 2035” (Nota de Robert E. Rubin y Lawrence H. Summers «Ambos fuimos secretarios del Tesoro. Sabemos que este proyecto de ley es peligroso.», New York Times, 2 de julio, 2025). Eso es déficit, no el que tenemos por casa.
Una mano del peronismo al Gobierno
El lema «Cristina Libre» se colgó de las bancas en Diputados y cada reunión legislativa, de comisión, o plenaria del Congreso, es intervenida con discursos de denuncia de que Cristina es presa política de Milei, por jueces designados por Macri.
La sesión de Diputados del miércoles estalló por los aires, según confesaron quienes montaron la espoleta, para protestar por la detención de funcionarios del municipio de Quilmes acusados de profanar la vivienda de José Luis Espert.
Pero el disparador fue el discurso de Cecilia Moreau sobre cómo el gobierno se metió la Constitución donde no entra la luz al condenar a Cristina. No le importó a la bancada de Unión por la Patria que esa intervención produjera el fin de la sesión, un favor al gobierno, que lo último que quería era que avanzase el debate y se votasen proyectos para terminar con las retenciones, la liberalidad en el uso y abuso de los DNU – después de todo son dos inventos del peronismo cristinista. – y la normalización de la comisión investigadora del CriptoGate.
Le conviene a las dos partes, al oficialismo mileísta y al peronismo, construirse como los dos términos de una polarización extrema que deja afuera a otras fuerzas de centro (PRO, UCR, Encuentro Federal, etc.). Martín Menem colaboró con el cierre al ordenar el levantamiento, argumentando falta de quórum.
Lo hizo semblanteando el recinto, cuando algunos diputados se habían levantado de las bancas, pero no se habían retirado. Lo habitual y reglamentario es que hubiera llamado a sentarse en las bancas y confirmar si había quórum o no. Se limitó a atender el pedido de la sanjuanina Nancy Viviana Picón Martínez de que levantase la sesión.
Cristina, problema de Milei
La insistencia en el «Cristina Libre» busca hacer insoportable cualquier sesión del Congreso y poner en la superficie la detención para complicarle las cosas al gobierno. No es fácil para un gobierno, y más aún tan débil como este, gobernar con la jefa de la principal fuerza de oposición entre rejas, por más que sean las rejas de su balcón.
Rompe cualquier regla de normalidad, como recordó la jueza María Servini, que dijo una radio que no imagina que Cristina esté mucho tiempo presa, porque es una fuente de conflictos. Cuando Servini habla ex cathedra hay que tomar nota. Por su experiencia, sus dichos equivalen a una sentencia de la Corte. Es presumible que esos conflictos impacten en quien gobierna, que es una administración con legitimidad democrática.
Convivir con la jefa del peronismo presa e inhibida fomenta una confrontación difícil de resolver. Y más para un gobierno que concentra su tarea en la gestión financiera y no en la política, terreno en el acumula cada vez más errores. Cuanto más, se ocupa de la propaganda, que es vender humo.
La Argentina contemporánea ya vivió una crisis semejante cuando la justicia ordenó la prisión preventiva Carlos Menem en 2001. Menem ocupaba la presidencia del Consejo Nacional del PJ, que llegó a sesionar un día en la quinta de Armando Gostanián en Don Torcuato.
Los llevó Eduardo Duhalde en un doble camello de larga distancia, cedido quizás por su amigo el empresario de transporte de pasajeros, el «Ronco» Héctor Lence, una luz en el camino. De la Rúa renunció a la presidencia el 21 de diciembre de aquel año, 30 días después de que Menem fuera liberado.
Seguramente la jueza Servini se expresó sobre Cristina con este antecedente en la memoria. “Dígame a cuál ha visto – preguntó en el diálogo con El Destape – que haya cumplido la condena de prisión toda. Algún presidente que fue famoso creo que de África, una cosa así. Dígame si hay otro”. Pensaba seguramente en el caso de Nelson Mandela, que estuvo preso 27 años, pero bajo un régimen dictatorial.
El atajo del indulto
¿Cómo evitar una situación, una expresidenta presa bajo un gobierno democrático pero débil, como lo era aquel de De la Rúa? Respuesta obvia: quien no tiene poder no puede gobernar, ni tampoco un presidente puede incurrir en delitos. O por lo menos debe saber defenderse.
En el caso de Cristina, se emprendió una defensa política (el lawfare) cuando quizás, por el resultado que tuvo, debió ser técnica. Para salir de esos laberintos existe el indulto, algo que pudo haber firmado Alberto Fernández cuando asumió.
Hubiera evitado, además, la sombra de Cristina que sepultó su gobierno. Gerald Ford indultó a Richard Nixon para sacárselo de encima, no porque fuera inocente. Un Nixon condenado hubiera marcado toda su presidencia.