Las últimas novedades sobre el caso de las criptoestafas, que tiene como protagonista estelar pero no único a Edgar Adhemar Bacchiani, están relacionadas con planteos interpuestos por los encartados para que se les levanten medidas restrictivas y aspectos de la saga que la investigación federal no abordó, pero saltaron en expedientes conexos que se tramitan en el fuero provincial.
De las causas por las criptoestafas, la de Bacchiani es la que más tiempo lleva en trámite. Cuando el desplome de la pirámide del “Trader God” desencadenó el efecto dominó que se llevaría puestos a todos sus epígonos, a principios de 2022 se descubrió que el Juzgado Federal había iniciado una “investigación preliminar” meses antes para establecer si las actividades de Adhemar Capital comportaban delitos. Tal investigación había sido solicitada al fiscal Santos Reynoso por la Gendarmería, en función de una editorial publicada por El Ancasti el 31 de agosto de 2021 en la que advertía sobre los riesgos que entrañaba el furor por las inversiones en criptomonedas.
A casi cuatro años de abierta, la enmarañada causa continúa sin ser elevada a juicio, con tres prórrogas de las prisiones preventivas a Bacchiani y sus presuntos cómplices. Es una investigación ciertamente compleja, porque involucra lavado de activos, pero en cualquier caso mantiene a los encartados sujetos a limitaciones significativas para movimientos económicos regulares que no han impedido que muchos de ellos continúen manipulando, por sí mismos a o a través de terceros, montos importantes en el mundo virtual.
Hay denuncias en este sentido y por lo menos un caso en el que esto se corroboró: las cuentas de los hermanos Rolón Reynoso, procesados por los fraudes en “RT Inversiones”, siguieron en movimiento pese a las prisiones domiciliarias de ambos.
El enrevesado expediente por las criptoestafas de Edgar Bacchiani se aproxima a cumplir cuatro años de trámite El enrevesado expediente por las criptoestafas de Edgar Bacchiani se aproxima a cumplir cuatro años de trámite
En este marco, pidieron que se les permita trabajar con sus cuentas bancarias Pablo Olmi, sindicado como “pocero”, y Celeste Zaraive Garcés Rusa, ex esposa y socia de Bacchiani en Adhemar Capital. Lo mismo había hecho antes el abogado Lucas Retamozo. Todos alegan que las restricciones les impiden desarrollar sus actividades laborales para subsistir.
Habría que verificar si la situación de los imputados es tan desesperante, pero de cualquier manera llevan un prolongado tiempo en teoría excluidos del sistema financiero debido a que el Juzgado Federal no define si son culpables o inocentes. Sería irónico que presuntos cómplices de la monumental estafa intenten demandar al Estado por lucro cesante. Disparates peores se han visto, así que no hay razones para descartar la hipótesis.
Otra faceta frágil del desempeño federal está vinculada con la ausencia de novedades sobre maniobras tendientes a apoderarse del botín obtenido con los criptofraudes. La posible existencia de estos ardides no solo surge de las indagatorias de Bacchiani, sino de la causa provincial que determinó el Jury contra el fiscal Hugo Costilla, relacionada con la posesión del complejo nocturno “Wika”.
Costilla procesó por usurpación al empresario Cristian Guillou a partir de una denuncia de Garcés Rusa presentada en la Policía Judicial por el abogado Carlos Correa. Por otro lado, trató de archivar otra causa instigada por Guillou también referida a la propiedad de “Wika”, pero el juez de Garantías Marcelo Sago rechazó la pretensión y le recriminó que no hubiera profundizado en la investigación de indicios de probables operaciones tendientes a provocar la insolvencia fraudulenta de Bacchiani.
Esta causa fue solicitada por la Fiscalía Federal y el fiscal provincial que quedó a cargo tras la salida de Costilla declinó la competencia.
Podría ser importante para determinar a dónde fueron a parar algunos de los bienes del colosal patrimonio que el “Trader God” consiguió amasar con el espejismo de la especulación cripto.