Un informe sobre compras públicas en Salud realizado por Ruido y la Red Federal de Periodismo e Innovación, en el marco de la epidemia del dengue que azotó el país el año pasado, dejó al descubierto incongruencias en los sistemas de compras de las provincias argentinas, pero también evidenció la falta de acceso a la información que todavía impera en la mayoría de las provincias y en el propio Gobierno nacional.
Del análisis realizado, salta a la luz que cada jurisdicción pagó montos diferentes en insumos básicos, como vacunas, medicamentos y test de diagnóstico durante la epidemia del dengue en 2024, la más importante registrada hasta la fecha. En el caso de Catamarca, fue una de las provincias que más caro pagó la vacuna contra la enfermedad y, a su vez, la que más caro y más barato pagó por un mismo insumo: pastillas de paracetamol.
«Es notable la disparidad que existe entre los precios relevados al comparar cuánto paga cada distrito por el mismo insumo, más allá de las causas que puedan explicarlo, como cuestiones logísticas, variación de marcas y especificidades, poder de negociación de cada distrito o mecanismos de contratación», advirtió el trabajo.
El informe también muestra que en muchos distritos la compra directa fue la vía principal de adquisición, y que en la mayoría de los casos no hubo procesos licitatorios públicos.
Pero el estudio revela algo más allá de la diferencia de criterios en la compra de insumos, muestra lo difícil que es acceder a información pública básica. El trabajo se construyó a partir de 25 pedidos formales de acceso a la información realizados a todas las provincias, a CABA y a la Nación. El 64% de los distritos no respondió (Buenos Aires, CABA, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santiago del Estero, Tucumán y Nación).
Solo nueve jurisdicciones respondieron, pero cinco lo hicieron de forma casi completa (Entre Ríos, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego). El resto (Córdoba, Chubut, La Pampa y Catamarca) brindó respuestas parciales y difíciles de interpretar, por lo que se debió recurrir a portales de compras, boletines oficiales, expedientes de tribunales de cuentas y hasta declaraciones periodísticas de funcionarios.
Estos datos muestran que el acceso a información pública, una herramienta fundamental para el control ciudadano, sigue siendo limitado en la mayor parte del país, independientemente de si se trata de provincias o Nación, y de la fuerza política que gobierne. La reticencia a mostrar datos es una postura generalizada.
Conocer cuánto se invierte, cómo se contrata y en qué condiciones se realizan las compras forma parte de garantizar una gestión eficaz, en especial cuando se trata de situaciones críticas como una emergencia sanitaria. Brindar transparencia ayudaría a las diferentes jurisdicciones a fortalecer la confianza de los ciudadanos en sus decisiones ya que les está brindando las explicaciones necesarias para fundamentar sus decisiones.
Es por eso que, avanzar hacia una política de mayor transparencia es uno de los elementos fundamentales para construir políticas públicas más eficaces y con mayor respaldo social.
Avanzar hacia una política de mayor transparencia es uno de los elementos fundamentales para construir políticas públicas más eficaces. Avanzar hacia una política de mayor transparencia es uno de los elementos fundamentales para construir políticas públicas más eficaces.