Las conclusiones del informe que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acaba de presentar son francamente desalentadoras para la Argentina. Se registran, según el exhaustivo relevamiento de la comisión, notables retrocesos en la totalidad de las categorías analizadas.
En lo que respecta a la Institucionalidad democrática y derechos humanos, marca una mirada muy crítica del actual gobierno nacional respecto de las consecuencias del ajuste fiscal en políticas que protegían derechos de los sectores de mayor vulnerabilidad. “Las medidas de austeridad y recortes en programas de protección social han impactado especialmente a los sectores más vulnerables”, remarca y alerta sobre los “impactos negativos en el sistema de inteligencia, el sistema de jubilaciones y pensiones, telecomunicaciones e internet y programas esenciales para combatir la pobreza”, señala.
Advierte, en lo concerniente a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, “retrocesos significativos”, entre los que menciona el debilitamiento de la capacidad de litigio y el cierre de espacios institucionales clave, incluyendo la disolución del Programa Memoria Colectiva e Inclusión Social.
Los déficits marcados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son la contracara de lo que el gobierno intenta mostrar como un éxito de su gestión. Los déficits marcados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son la contracara de lo que el gobierno intenta mostrar como un éxito de su gestión.
El trabajo de la CIDH es especialmente crítico del deterioro de la libertad de expresión como resultado lógico de la “baja tolerancia del Poder Ejecutivo hacia las críticas y los procesos deliberativos”. Lo mismo puede señalarse en lo referido al derecho de protesta, denunciando la adopción de marcos restrictivos del derecho a la protesta social y el ataque a manifestantes y trabajadores de prensa.
Otra categoría que evidencia fuertes retrocesos es la que analiza la transparencia del Estado. Indica que los cambios normativos sobre acceso a la información “opacan y restringen la transparencia del Estado” y que “generan un marco normativo discrecional por el cual las definiciones polticas del gobierno y las decisiones subjetivas de los funcionarios/as primaran por sobre el derecho de acceder a información en manos del Estado”.
El informe de la comisión alerta sobre los retrocesos en materia de respeto a los derechos de las mujeres y persona LGTBIQ, mencionando, a modo de ejemplo, el cierre del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. También resalta el impacto negativo de la reducción de las políticas de género en el acceso a los derechos sexuales y reproductivos.
Por último, el escrito se muestra muy crítico de las políticas libertarias de ajuste fiscal que afectan derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, de las personas mayores, de las personas con discapacidad, de los pueblos indígenas, de migrantes y de niños, niñas y adolescentes.
Los déficits marcados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son la contracara de lo que el gobierno intenta mostrar como un éxito de su gestión, una relativa estabilidad que se consigue a un costo muy alto, como lo constatan quienes hacen un estudio exhaustivo de la realidad argentina y no solamente de algunos aspectos de la macroeconomía.