La elección del exministro de Educación, Dalmacio Mera, para ser el titular de la Defensoría del Pueblo, ahora quedó sujeta a una resolución de la Corte de Justicia. El diputado Hugo Ávila (Frente Amplio Catamarqueño) y el bloque de diputados de la UCR presentaron dos recursos de amparo con medidas cautelares para suspender la aplicación de los Decretos Acuerdo nº719/25 y nº781/25 con los que el Gobierno modificó la Defensoría del Pueblo y designó a Mera en comisión.
En su presentación, Ávila pidió que el Gobierno “se abstenga de realizar cualquier acto que vulnere nuestros derechos y en particular de tomarle juramento a Dalmacio Mera”. Para el diputado, la designación del Defensor del Pueblo se realizó con un procedimiento “oscuro y fraudulento, haciendo abuso de autoridad y usurpando funciones que no le son propias”, y además remarcó que estos decretos constituyen un acto “violatorio de la Constitución Provincial, Constitución Nacional y Tratados Internacionales de Derechos humanos, además del Código de Procedimiento Administrativo”, por lo que consideró que la medida está viciada y debería ser declarada nula.
Ávila también cuestionó la oportunidad de los decretos, al señalar que “no se acredita una situación de necesidad, urgencia o emergencia como para que el Ejecutivo no prosiga con el trámite ordinario para la sanción de las leyes a poco de comenzar el periodo de sesiones ordinarias”. En tal sentido, remarcó que la Defensoría del Pueblo estuvo muchos años vacante, por lo que nada presume que hubiera una urgencia por cubrir el cargo, y precisó que ni siquiera tiene partidas presupuestarias proyectadas para este año.
“El decreto nº719/25 modifica el proceso de designación del Defensor del Pueblo omitiendo la intervención de la Cámara de Diputados, emitiendo un nuevo acto, el nº781/25, designando el defensor. Por ello resulta procedente el amparo a los fines de evitar la asunción en virtud de un acto viciado de nulidad, inconstitucionalidad e inconvencionalidad”, insistió.
“Más allá de los aspectos técnicos, lo que está en juego es la confianza ciudadana en las instituciones, la solidez democrática y la legitimidad. La confianza de la ciudadanía en las instituciones legitima el sistema democrático, garantiza su estabilidad y fomenta la participación activa. Cuando las instituciones no funcionan con transparencia y conforme a la ley, se erosiona la cohesión social y debilita la democracia”, señaló Ávila.
El planteo radical
Por su parte, los diputados de la UCR presentaron otra acción de amparo ante la Corte por los mismos motivos. Como Ávila, los radicales buscan declarar la inconstitucionalidad y nulidad de los Decretos Acuerdo nº719/25 y nº781/25, que a su criterio “modificaron ilegalmente la ley nº5.337 y habilitaron al gobernador Raúl Jalil a nombrar en comisión y a dedo, a quien debería controlar su propio gobierno”.
“La maniobra es burda: un gobernador que se cree por encima de la ley, un decreto trucho, un exministro premiado y una Legislatura pintada”, cuestionaron desde el bloque opositor. “No vamos a permitir que destruyan la institucionalidad y conviertan al Defensor del Pueblo en un apéndice del Ejecutivo”, agregaron.
Los diputados cuestionaron que el gobernador “no puede designar un Defensor del Pueblo por decreto ni modificar leyes estructurales como la Ley n 5337 sin participación del Poder Legislativo”. “La designación de Dalmacio Mera es nula, ya que fue realizada fuera del receso legislativo y sin acuerdo del Senado, como exige la Constitución de Catamarca. El procedimiento seguido viola la división de poderes y debilita la independencia del órgano encargado de controlar al Gobierno”, remarcaron los diputados y solicitaron una cautelar para suspender el efecto de estos decretos.
“No se trata de un nombramiento más. Se trata de garantizar que el Defensor del Pueblo sea verdaderamente autónomo y no un soldado más del oficialismo. Lo que está en juego es la salud de la democracia y el equilibrio de poderes”, advirtieron.
“El gobernador Raúl Jalil quiere manejar todos los resortes del poder sin control ni límites. La designación de Mera representa la expresión más grosera del desprecio por las reglas republicanas. Frente al autoritarismo encubierto de Jalil, respondemos con la Constitución en la mano”, concluyeron los legisladores.