lunes, 12 de mayo de 2025 02:43
La reforma tributaria que el Presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Toto Caputo, comenzaron a agitar en los últimos días, y que tiene al super IVA como punta de lanza, supone una pulseada por más de la mitad de los fondos nacionales que llegan a las provincias al amparo de la ley de coparticipación federal. Caputo confirmó que el súper-IVA parte de la reforma tributaria que, entre otras, exige el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), apunta a establecer la “competencia fiscal” entre distritos. “Al IVA lo vamos a dividir entre nacional y provincial (…). Nosotros cobraríamos el 9% que corresponde a la Nación y las provincias pondrán su propio IVA”, anunció sin más precisiones el Messi de las finanzas. La iniciativa encendió las alarmas de los gobernadores, que vienen juntando reclamos hacia la Casa Rosada desde hace meses, tal como puso de manifiesto un grupo de mandatarios en Paraná.
El IVA y Ganancias son los principales rubros de la masa de recursos coparticipables que reciben las administraciones provinciales y, salvo en los casos de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, esos fondos gravitan de manera abrumadora en las otras 22 jurisdicciones. Los ingresos corrientes que administran los gobernadores incluyen impuestos provinciales, los recursos nacionales derivados de la coparticipación y otros ítems, recursos de la seguridad social (en aquellas provincias que no transfirieron sus cajas a la Anses) y, en algunos casos, regalías. Según estimó Carolina Berardi del CEPA, de los fondos nacionales que reciben las provincias, el 52% en promedio corresponde al IVA. Más de la mitad. Las estadísticas muestran entonces cómo el desafío lanzado por Caputo, que implica que cada distrito “compita” para atraer inversiones por los 12 puntos del IVA que hoy la Nación les coparticipa, impacta de lleno en las economías subnacionales.
La avanzada libertaria se produce en un contexto complejo para las arcas provinciales. Los seis gobernadores de distintos palos políticos que acudieron a la cita organizada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) expresaron sus quejas porque la Casa Rosada delega en los distritos tareas que le competen a la Nación. Los reclamos se producen sobre un mapa económico provincial heterogéneo, donde los recursos propios están al límite. Según relevó el CEPA, de las 22 jurisdicciones de las que existen datos completos de 2024 (menos Santiago del Estero y La Pampa), la dependencia de los giros de recursos nacionales cobra mayor relevancia porque la recaudación provincial, que se compone principalmente de Ingresos Brutos y también de sellados, tributo inmobiliario y patentes, muestra un estancamiento promedio. Todo indica, por ello, que la batalla por los fondos recién se inicia.
El Esquiú.com