La crónica periodística indica que un empleado que trabajó durante 30 años en el aeropuerto de Marsella-Provenza en la franquicia Starbucks fue despedido por repartir alimentos no vendidos, pero en buenas condiciones, a personas sin hogar. El mismo final sufrieron otros tres compañeros, de menor antigüedad en el trabajo.
El diario francés La Provence publicó que el trabajador despedido solía, después de su turno, recoger alimentos que iban a ser desechados debido a su cercanía a la fecha de caducidad. En vez de tirarlos a la basura, los repartía entre las personas sin techo que frecuentan el aeropuerto y que él conocía.
Los argumentos de la empresa para despedir al hombre fueron que “ningún empleado tiene derecho a marcharse con mercancía destinada a ser desechada. Dicha mercancía deberá depositarse en los contenedores de basura designados, salvo que se acuerde lo contrario en los contratos de franquicia”. El trabajador despedido contaba con la anuencia de sus jefes superiores inmediatos y se aseguraba de que los alimentos repartidos lleguen en condiciones de salubridad a sus destinatarios. El argumento empresarial tal vez tenga algún sustento legal formal, pero carece de lógica desde el humanismo y la solidaridad social.
El drama del desperdicio de alimentos cuando hay cientos de millones de personas en el mundo que sufren hambre extremo se intenta resolver, más allá de los gestos individuales, con normas que regulen el tema.
En Argentina, donde se desperdician casi 20 millones de toneladas de comida al año, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), rige desde 2018 la Ley 27.454 que crea el Plan Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos. El mencionado plan, entre otras disposiciones, crea el Registro de Instituciones de Bien Público Receptoras de Alimentos en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (actual Ministerio de Capital Humano).
Además, ordena la realización de campañas de información y comunicación para la sensibilización, capacitaciones en procesos y estrategias de conservación de los productos, diseño de estrategias para evitar las pérdidas de alimentos durante toda la cadena de producción y distribución, entre muchas otras medidas, la mayoría de las cuales no se cumplen a escasos siete años de la sanción de la norma.
La ley también invita a las provincias a adherirse, decisión que Catamarca adoptó en noviembre de 2018. Sin embargo, no hay en la provincia ni en la ciudad Capital normas específicas que regulen el aprovechamiento de la comida descarte, estipulando procedimientos específicos que garanticen la salubridad de los alimentos que se reparten y las organizaciones receptoras de los mismos.
Las donaciones de alimentos que se realizan en Catamarca, por parte de particulares, empresas o instituciones, están motivadas por la buena voluntad de los donadores, pero su distribución sería más eficiente y controlada si existiese una reglamentación específica impulsada y ejecutada por el Estado.