La polémica por el acuerdo para instalar máquinas de telelotería que CAPRESCA celebró con el Instituto de Lotería y Casinos de Misiones comienza a escalar sin que nadie en el oficialismo haya osado todavía defenderlo.
El asunto parece haber sido manejado por las autoridades del organismo catamarqueño con un sigilo insólito si se tienen en cuenta sus implicancias económicas, jurídicas y, sobre todo, sociales por el estímulo al flagelo de la ludopatía.
CAPRESCA le cedió a Lotería y Casinos la potestad de contratar por lo menos 400 aparatos al permisionario que quisiera para operarlos en territorio catamarqueño y admitió que cualquier eventual litigio se dirima en la jurisdicción judicial de Misiones.
Natalia Díaz, la presidenta del organismo, y el vocal Ariel Atilio Luna dejaron así atado de pies y manos al Estado catamarqueño para revertir un convenio que fija condiciones leoninas a favor de una Sociedad del Estado que pertenece a otra provincia y se lleva el 5% de las utilidades sin ninguna explicación lógica para este beneficio.
La faceta más inquietante, sin embargo, tiene que ver con la salud pública.
CAPRESCA le entregó al Estado de Misiones una licencia para depredar con el fomento de la ludopatía entre los pobres. Esta incursión se limita al interior en el desembarco, pero tiene posibilidades de ampliar su campo de acción al Valle Central si los misioneros acuerdan con el Casino, que tiene la exclusividad de este tipo de timba en la zona.
¿Qué ocurriría si Salud Mental, el propio Gobierno, decide llegado el caso intervenir para evitar los seguros estragos? Tendría que moverse en los estrechos márgenes que le imponga el Instituto de Lotería y Casinos de Misiones si no quiere enfrentar procesos judiciales en esa provincia. Es un absurdo peligrosísimo.
La oposición radical presentó un pedido de informes, los agencieros salieron a cuestionar que les mejicanearon un negocio que habían iniciado ellos y ayer un abogado presentó una denuncia penal en la que incluye a la ex ministra de Economía Alejandra Nazareno, bajo cuya órbita giraba CAPRESCA.
El gran interrogante es hasta qué niveles del Gobierno se conocía el enjuague.
¿Díaz y Luna actuaron a espaldas de Nazareno?
Si tal fuera el caso, se reiteraría una falla en el circuito político como la que se dio en el Ministerio de Salud, donde la secretaria de Administración Ana Rizo, el director del DIPROMESI Caleb Camji y su madre, Myriam Carrizo, titular de M&C Insumos, montaron una estructura de compras directas supuestamente sin el conocimiento del titular de la cartera, Lucas Zampieri.
La reacción oficial ante la denuncia fue suspender a los funcionarios implicados e iniciar una investigación interna que quedó a cargo de Fiscalía de Estado sobre la que aún no hay novedades.
En el caso del convenio por las terminales de videoloterías aún no se han tomado medidas de ningún tipo. Solo Díaz salió a dar unas explicaciones circunscriptas a que el acuerdo no representa ningún costo para la Provincia.
Es una perspectiva bastante limitada, por no decir irresponsable. Solo considera el factor económico y los criterios de la funcionaria son muy discutibles. No aborda la arista más dañina, que es exponer a los jóvenes al juego compulsivo.
Es raro que Díaz, con el cargo que ostenta, no está informada sobre la profundidad de este problema. Proliferan las noticias sobre dramas de familias arruinadas por sus integrantes más jóvenes, prepúberes incluso, capturados por el mundo de las apuestas. n