miércoles, 16 de abril de 2025 02:23
En la continuidad de la investigación que lleva adelante el fiscal Facundo Barros Jorrat, en el marco de las amenazas de las que fueran víctimas al menos dos integrantes del jurado popular que la semana pasado juzgó en un proceso popular a un hombre por el delito de abuso sexual, entre la tarde del lunes y ayer, el expediente sumó la declaración del efectivo de la policía de la provincia que estuvo a cargo de la seguridad de la sala de la Oficina de Gestión de Audiencia de Juicio por Jurado, y la de la primera de las jurados que denunció el “contacto” vía telefónica de la hija del imputado y la “visita” de supuestos allegados en su domicilio.
Fuentes oficiales consultadas por Elesquiú.com informaron que la medida se llevó adelante en el edificio de la Fiscalía General, lugar al que arribó el lunes el uniformado, quien detalló lo que sucedió durante las audiencias del juicio que terminó “estancado”. Es decir, que los jurados no alcanzaron la unanimidad para declarar culpable o no culpable al imputado, que actualmente permanece detenido por orden del juez director Marcelo Soria.
El juicio popular había iniciado el martes 8 de abril con la audiencia de Voir Dire, en la que quedaron seleccionados los doce jurados populares y los dos suplentes.
Al día siguiente, una jurado anotició al Dr. Sebastián Lípari que había sido contactada por una mujer que dijo ser la hija del imputado, y le pidió fallara a favor del acusado siendo al mismo tiempo “visitada” por supuestos familiares y allegados en su domicilio, tal como dejaron constancia en las denuncias que respectivamente realizó el juez Marcelo Soria y el fiscal Miguel Mauvecín y fue informado en exclusiva por este diario en su edición del viernes 11 de abril. En tanto que en la jornada de ayer, el jurado amenazado, de quien por razones obvias se resguarda la identidad, se presentó ante el fiscal de la causa y brindó su testimonio, sin que trascendieran oficialmente los detalles.
Visualización
En paralelo a la recepción del testimonio de la consigna policial, el fiscal y de una de los dos jurados amenazada, Barros Jorrat continúa avanzando en la visualización de los teléfonos celulares que fueron secuestrados y entregados de forma voluntaria por los jurados. La pericia busca establecer si de alguno de los artefactos incautados “salió” la llamada al jurado, o si se compartió información “reservada”, tales como las identidades, domicilios y teléfonos celulares de los jurados seleccionados.