martes, 8 de abril de 2025 01:58
La decisión del Tribunal de Enjuiciamiento de Funcionarios y Magistrados de absolver al juez de Belén, Dr. Miguel Ángel Aybar, sigue generando repercusiones en el ámbito judicial. Tras conocerse el fallo, el fiscal Augusto Barros, quien había solicitado la destitución del magistrado, insistió y presentó un Recurso de Casación contra la sentencia N° 01/2025, cuyos fundamentos se conocieron el pasado 26 de marzo.
En su escrito, Barros argumentó la existencia de “claras incongruencias” y una supuesta “arbitrariedad” por parte de la mayoría del tribunal integrado por el presidente de la Corte de Justicia, Dr. Hernán Martel; los representantes del Colegio de Abogados María Cecilia Martín y Federico Pague; y el diputado Carlos Marsilli.
Aparentemente, el objetivo del fiscal es que la Corte de Justicia provincial declare la nulidad del fallo y disponga el apartamiento de Aybar.
Sin embargo, fuentes cercanas al Tribunal de Enjuiciamiento revelaron que el intento de casación de Barros podría no prosperar.
Las mismas fuentes señalaron que el artículo 29 de la Ley Provincial N° 4247, que regula el proceso del Jury de Enjuiciamiento, establece taxativamente que el único recurso admisible contra la sentencia del tribunal es el de “aclaración”.
De acuerdo con esta normativa, ninguna de las partes involucradas -ni el fiscal acusador ni el funcionario denunciado- tendría la facultad de interponer un recurso de casación para impugnar el fondo de la decisión.
A pesar de este obstáculo legal aparente a nivel provincial, en Catamarca existe un precedente que podría abrir una vía más para el recurso del fiscal Barros.
Precedente
Se trata del caso del juez de Control de Garantías Ramón Porfirio Acuña, quien en su momento fue destituido por el Jury de Enjuiciamiento local. Acuña recurrió a la Justicia federal mediante un Recurso Extraordinario Federal, que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, revocó la sentencia provincial y lo restituyó en su cargo.
Precisamente, en su escrito de casación, el fiscal Augusto Barros, previendo un posible rechazo de su planteo a nivel local, dejó expresa reserva de interponer este Recurso Extraordinario Federal.
Esta estrategia legal buscaría llevar el caso a la órbita de la Justicia nacional, emulando el camino seguido por el juez Acuña, aunque no con la misma expectativa, ya que ahora busca la destitución.
Todo indica que la decisión inicial sobre la procedencia o no del Recurso de Casación presentado por el fiscal recaerá en el Tribunal de Enjuiciamiento, presidido por el actual presidente de la Corte de Justicia provincial, Dr. Hernán Martel.
A prima facie, la letra de la ley provincial parece cerrarle las puertas a la pretensión del fiscal. No obstante, la sombra del precedente Acuña y la explícita reserva del caso federal por parte de Barros anticipan que esta disputa judicial podría tener un capítulo más en los tribunales federales.
Alegatos
Cabe recordar que, durante el juicio, el fiscal Augusto Barros mencionó la cantidad de expedientes que tenía Aybar retrasados en el dictado de resolución, remarcando que algunos de ellos tenían hasta “16 años de mora”. A la vez, expresó: “Si bien hay justificativos como la falta de personal y fallas en la estructura edilicia del juzgado, la mora en la resolución de las causas se comprobó”.
Durante su alegato, el fiscal dejó en claro que para nada “se pone en tela de juicio la honradez, la inteligencia y calidad profesional del juez Aybar”, solicitando la destitución del cargo de magistrado de la Tercera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Belén.
Por mayoría
El presidente del tribunal del juicio político y actual titular de la Corte de Justicia de la provincia, Dr. Hernán Martel, junto con los abogados María Cecilia Martín, Federico Pague y el diputado Carlos Marsilli, concluyó —tras dos audiencias en el marco del juicio político al juez Civil, Comercial y de Familia de la ciudad de Belén, Miguel Ángel Aybar— que el magistrado no incurrió en la falta de “retardo de justicia reiterado”.
En contraposición, el senador Augusto Ojeda y el diputado Damián Brizuela, los otros dos de los seis integrantes del tribunal de Jury, votaron por la destitución, como lo había pedido en su alegato el fiscal Augusto Barros.