Que el Gobierno haya convocado a los intendentes para darles cuenta del derrumbe de los ingresos por coparticipación da la pauta de la frágil situación económica que, debido a la incertidumbre nacional, atraviesa la Provincia.
Los encargados de trasmitir las malas noticias a los jefes comunales fueron los ministros de Gobierno, Nicolás Rosales Matienzo, y Economía, Alejandra Nazareno, que estuvieron acompañados por el vocal del Tribunal de Cuentas, Sebastián Véliz.
Anticiparon la suspensión en marzo del 6% de aumento salarial a las autoridades superiores del Gobierno, funcionarios fuera de nivel y personal del gabinete, que se oficializaría por decreto horas después, habilitando a Economía para extender la disposición. También se suspendieron las horas extra y se prepara, en el marco de la ley de Emergencia, una reestructuración del organigrama con fusión de ministerios y áreas.
La intención es inducir a los intendentes a que tomen medidas similares, con la ratificación de una advertencia que ya se había hecho en diciembre: no habrá auxilio para pagar los aguinaldos en los municipios ni otras asistencias.
En este marco, Rosales y Nazareno resaltaron la importancia de fortalecer la recaudación municipal a través de un esquema unificado con ARCAT y administrar con sensatez los recursos disponibles.
El Gobierno abre el paraguas frente a la abrupta caída de la recaudación, que impacta en los giros automáticos que recibe desde la Casa Rosada en concepto de coparticipación federal.
A cuatro días de finalizar marzo, con solo dos días hábiles de recaudación pendientes, había recibido $91 mil millones, contra 118 mil de enero y 110 mil de febrero.
Es un 23% menos que enero y un 17% menos que en febrero, y en febrero se aplicó el aumento del 6% a la administración pública.
El desplome es sostenido y no hay indicios de que vaya a repuntar en el corto plazo.
Hay una crisis al acecho y el Gobierno de Javier Milei, ya envuelto en la pelea electoral, se aferra al control de la inflación y un acuerdo con el FMI que le permita pagar los compromisos de deuda y mantener el dólar a raya. 20 mil millones, se esperanzó el ministro Luis “Toto” Caputo en sus intentos de mermar las turbulencias.
En el Gobierno provincial señalan la necesidad de prevenirse y armar un colchón financiero para atemperar los efectos de eventuales desmadres nacionales. La prioridad son los sueldos y la asistencia a los sectores más vulnerables.
La reunión con los intendentes es un primer paso para extender esta idea a toda la estructura política oficialista, inmersa en el estado deliberativo y tramado de conjeturas propio de las vísperas electorales.
Estas discusiones por lo general no tienen en cuenta o subestiman las proyecciones de la situación económica. Bastante menos en Catamarca, donde el equilibrio de las cuentas que se mantiene desde los tiempos de Lucía Corpacci ha permitido sortear sin excesivos traumas las crisis nacionales.
El panorama es más sombrío ahora. La baja de la coparticipación está vinculada a problemas estructurales cuya solución excede la voluntad del Gobierno. Ya no se trata de los sablazos que arbitrariamente aplicó la administración Milei sobre fondos provinciales de asignación específica, sino de una baja sostenida de la coparticipación federal que no se revertirá si la recaudación no se recupera vía consumo y actividad económica.