Una denuncia penal contra el kirchnerismo radicada en 2006 podría ser determinante para que la jueza neoyorkina Loretta Preska anule el fallo que condenó a la Argentina a pagar 16 mil millones de dólares por las irregularidades cometidas en el trámite para expropiar las acciones que tenía el Grupo Petersen, de la familia Eskenazi.
Elisa Carrió la presentó por supuestas maniobras de vaciamiento de la petrolera operadas por la gestión kirchnerista tendientes a reducir el valor de las acciones de la petrolera, y la amplió en 2012 y 2023 con acusaciones contra los Kirchner por haber convenido con Eskenazi la captura de tales acciones. La causa, pisada en Comodoro Py por el aspirante a la Suprema Corte de Justicia, Ariel Lijo, es la pieza central de un planteo de la organización civil “Republican Action for Argentina” (RAFA).
A través del abogado argentino Fernando Irazu, la organización se presentó en el juzgado de Preska con información y documentos sobre la supuestamente fraudulenta compra en 2008 del 25% de las acciones de YPF por parte de los Eskenazi. Argumenta que los Eskenazi actuaron en connivencia con Néstor y Cristina Kirchner, con quienes tenían una estrecha relación y de quienes sospecha eran testaferros.
En 2012, el gobierno de CFK expropió el paquete mayoritario de YPF, que tenía la firma española Repsol. Pagó 5.000 millones de dólares por esa expropiación pero, en contra de lo que indicaba el Estatuto de YPF, no realizó una oferta al Grupo Petersen por el 25% de las acciones que estos habían obtenido gracias a los Kirchner. Los expropió dos años después y los Eskenazi vendieron los derechos del reclamo penal por no haber sido indemnizados a los fondos de inversión Burford Capital y Eton Park, que ganaron el litigio y esperan cobrar más de 16 mil millones de dólares.
RAFA presentó en el juzgado de Preska una Moción de la Regla 60, instrumento procesal para pedir la anulación de una sentencia.
Además de los elementos que Carrió fue sumando a la denuncia original, incorporó un informe secreto de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) confeccionado en 2018.
El trabajo de inteligencia financiera analiza los movimientos de los Eskenazi para hacerse de las acciones de YPF.
«No se puede descartar que el arribo del Grupo Petersen en Repsol YPF pudo ser consecuencia de una maniobra diseñada, o planificada, con la complicidad del gobierno de turno, en ese entonces bajo la presidencia de Cristina Kirchner», dice el informe en manos de la jueza Preska, que también está en la causa que nunca investigó Lijo.
Las mociones para anular sentencias dictadas en causas civiles en los tribunales inferiores de los Estados Unidos se rigen por la Regla 60 de las Reglas Federales de Procedimiento Civil. Por lo general, la moción no puede basarse en motivos que se hayan considerado previamente, por lo que solo puede concederse en circunstancias inusuales, como cuando el fallo se obtuviera mediante fraude.
«El proceso fue planteado como una disputa civil o comercial, un túnel que te lleva a este resultado, cuando en realidad es un tema de derecho penal. Y los intereses del Estado Argentino e YPF con los Kirchner difieren de los intereses de los argentinos, evidentemente», dijo Irazu a “Clarín”.
«El tema se planteó como una disputa de derecho privado cuando en realidad estamos frente a un esquema criminal internacional que decanta en fraude procesal ante un tribunal norteamericano para llevarse el botín», concluyó el abogado.
Para RAFA, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos debe investigar a los Kirchner, los Eskenazi y los fondos de inversión que ganaron el juicio por defraudación, estafa procesal y lavado de activos.
La Procuración del Tesoro argentina tiene plazo hasta hoy para responder a la jueza Preska. n