El diputado Tiago Puente (UCR) presentó un proyecto de ley que prevé la creación de un ente que tendrá como finalidad revisar y analizar las transferencias de fondos realizadas por cualquier área o funcionario del Ejecutivo provincial a personas físicas o a entidad pública o privada, cualquiera sea su figura jurídica. El ente estará conformado por representantes de ambas cámaras de la Legislatura y otros actores de la sociedad civil.
La iniciativa terminó de plasmarse ante el recrudecimiento del conflicto por los despidos de la firma Textil Com, «conflicto de larga data en los que siempre surge como dato, cuantiosos aportes de fondos públicos a empresarios para montar o sostener una actividad y que por la impericia y negligencia del propio Gobierno que concede dichos fondos, terminan con quiebras, despidos y decenas de familias catamarqueñas en la calle», señaló.
Recientemente se tomó conocimiento de la decisión del Ministerio de Industria, Comercio y Empleo de rescindir el convenio con la empresa Shanghái S.A. debido a graves y reiterados incumplimientos en las obligaciones asumidas en el acuerdo firmado. «Entre los incumplimientos, se destaca la falta de pago de remuneraciones al personal, el despido de trabajadores sin previa notificación al ministerio y el incumplimiento del propósito fundamental del programa, que era fomentar el desarrollo productivo y la estabilidad laboral, aun cuando dicha firma fue beneficiada con más de 130 millones en concepto de aporte no reembolsable y otros 50 millones en el marco del llamado ‘Plan de Reactivación Productiva’”, indicó.
Ante este escenario, el diputado Puente enfatizó la necesidad de contar con un ente que se encargue de supervisar esas transferencias, asegurando que los fondos públicos sean utilizados de manera eficiente y conforme a su destino original.
“No estamos en contra del apoyo a la producción y al empleo, pero consideramos fundamental que exista un control efectivo sobre estos fondos para evitar discrecionalidades y garantizar la correcta aplicación de los recursos”, expresó el legislador.
El proyecto propone la conformación de un organismo con autonomía funcional y bajo dependencia del Poder Legislativo, integrado por representantes de ambas cámaras, profesionales especializados en gestión pública y auditoria pública y un representante de la sociedad civil. Entre sus funciones, se destacan la fiscalización en tiempo real de las transferencias, la emisión de informes periódicos y la detección de posibles irregularidades, quedando sujetos todos los funcionarios del Ejecutivo a informar cada movimiento de fondos y pasibles de ser denunciados penalmente si no informasen mensualmente al Ente.
“Es un mecanismo complementario al Tribunal de Cuentas, que permitirá reforzar la transparencia y mejorar los procedimientos administrativos relacionados con el uso de los fondos públicos, en tiempo real, para saber qué hace Raúl Jalil con cada peso del erario público”, agregó Puente, quien además no dejó de señalar que “tampoco podemos esperar mucho de un Tribunal de Cuentas cooptado por el kirchnerismo donde dos de sus vocales vienen de ser ni más ni menos que los Ministros de Hacienda y de Gobierno de la gestión de Jalil”.
Puente señaló: “Hay cuantiosos fondos que desde Educación van a instituciones privadas o a la Iglesia Católica o congregaciones religiosas, desde Salud a fundaciones ligadas al Gobernador, desde Industria a diversos programas de promoción que terminan siendo un fiasco como el caso de Textil.com y ni que hablar de las transferencias discrecionales a municipios para hacer frente a compras de vehículos -casi siempre en las concesionarias ligadas al Gobernador-, o a obras públicas cuyos papeles se conforman cuando la obra está ya avanzada. Nunca desde el Estado se mide y evalúa la correcta aplicación de los mismos y el verdadero impacto”.
El proyecto tomará estado parlamentario luego de tener lugar la apertura de sesiones el 1º de mayo y se espera que genere un intenso debate sobre la importancia del control y la rendición de cuentas en la gestión pública.