La creciente ola de criminalidad en La Libertad, que alcanzó su punto culminante con un atentado contra una sede del Ministerio Público en Trujillo, llevó este martes a diversos sectores a solicitar medidas más drásticas, incluida la implementación de un toque de queda, una medida que no ha sido descartada por el Gobierno.
El Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (Coprosec) de Trujillo se ha pronunciado a favor de esta medida o, en su defecto, la aplicación de una restricción horaria para los espectáculos públicos con el fin de frenar la inseguridad.
Juan Carranza, alcalde de El Porvenir, uno de los distritos más afectados por la criminalidad, también ha pedido que el toque de queda se aplique en su jurisdicción desde las 21:00 horas hasta las 5:00 horas. “Mi distrito es zona roja. El toque de queda va a permitir regular el espacio y el tiempo que ellos (los criminales) puedan estar en las calles”, dijo a los medios locales.
Para el expremier y exministro del Interior, Óscar Valdes, la situación en la ciudad requiere medidas extremas. “Trujillo viene viviendo estados de emergencia que son de alta manera un saludo a la bandera. Hemos tenido que esperar que de alguna manera se atente contra una oficina del Ministerio Público para que recién se enciendan todas las alarmas y que vayan el premier, el ministro del Interior, de Defensa, a querer reparar algo que debieron hacer con debida anticipación”, dijo en diálogo con RPP.
“Sí, creo que el Gobierno va a tener que decretar el toque de queda. Yo pienso que es necesario porque el nivel de criminalidad es tan alto”, agregó. No es un pedido aislado.
El alcalde de El Porvenir instó al Congreso a modificar la normativa sobre la tenencia de armas de fuego e imponer restricciones más severas a quienes cometen delitos como extorsión y sicariato. Carranza subrayó que esta medida excepcional ha permitido reducir el índice delictivo en su distrito en un 30%. También solicitó la asignación de 150 efectivos adicionales para su jurisdicción, que cuenta con una población de aproximadamente 200,000 habitantes.
“El país no puede tolerar más ataques como este. Es necesario que las autoridades respondan con medidas inmediatas y ejemplares”, enfatizó el burgomaestre. La autoridad de Trujillo, Mario Reyna, se pronunció en la misma línea. “El país no puede tolerar más ataques como este. Es necesario que las autoridades respondan con medidas inmediatas y ejemplares”, destacó.
Reyna propuso varias medidas para combatir la creciente delincuencia en la región. Entre ellas, sugirió la implementación de un toque de queda que comenzaría a las 1:00 horas, reubicar las cárceles a zonas remotas y alejadas de los centros urbanos, como áreas altas o selváticas, y la restricción a las motos lineales, medio frecuentemente utilizado por delincuentes para cometer asaltos y otros delitos, lo que serviría como una barrera disuasoria contra el crimen.
El artículo 137 de la Constitución permite al jefe de Estado, con el acuerdo del Consejo de Ministros, declarar un estado de emergencia en todo o parte del país por un tiempo determinado en situaciones de perturbación del orden interno, catástrofes o graves circunstancias que amenacen la seguridad nacional.
Durante ese período, se pueden suspender derechos constitucionales relacionados con la libertad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de tránsito. El estado de emergencia no puede superar los 60 días y puede ser prorrogado solo mediante un nuevo decreto. Las Fuerzas Armadas pueden tomar el control del orden interno si el gobernante lo dispone.
Al ser consultado al respecto, el premier Gustavo Adrianzén anunció que no se descarta la aplicación de un toque de queda en la ciudad norteña, aunque destacó que primero se realizará una evaluación antes de tomar cualquier medida. “Si la recomendación de las autoridades es que declaremos el toque de queda, lo haremos sin dudarlo”, indicó en conferencia de prensa.
Además, aseguró que se proporcionará protección policial a los fiscales involucrados en casos contra organizaciones criminales.