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Editorial
La semana pasada una mujer denunció que su hermano sufrió graves apremios ilegales por parte de personal policial. La denunciante relató con detalles precisos el modo en que lo torturaron: “Me contó que cuando lo tuvieron encerrado en el calabozo le dieron una tremenda golpiza, que lo hicieron desvestir y que le echaron agua fría. Dijo que le hacían poner las manos en las que le echaban gas pimienta y después lo obligaban que se lo pase en la cara y en los genitales”, dijo. Además, recordó que el hombre le manifestó que durante la golpiza “llegó a pensar en quitarse la vida para zafar de los tormentos”.
No se trató solo de una acusación de carácter verbal, de improbable constatación. La versión de las agresiones que el hombre sufrió habría sido corroborada por los médicos que lo revisaron, que incluso, luego de comprobar una grave lesión en los genitales, recomendaron su traslado a la Capital para una mejor atención.
A juzgar por la múltiples denuncias –formales y verbales-, los apremios ilegales siguen siendo una práctica usual en la Policía provincial. Sería injusto, por cierto, generalizar, pero todo indica que hay efectivos de la fuerza de seguridad que cometen agresiones físicas contra personas reducidas, privadas de la libertad, de manera sistemática, como si fuese una atribución y no un delito.
Un relevamiento realizado entre personas privadas de su libertad en el Servicio Penitenciario provincial, coordinado por profesionales de la Universidad del Litoral y con el aporte de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Catamarca, contiene valiosa información sobre la situación de los internos durante su permanencia en el penal, pero también respecto del momento en que fueron arrestados por la policía.
Casi la mitad de las personas privadas de su libertad señalaron en la encuesta que experimentaron golpes o maltratos físicos por parte de los policías intervinientes en el proceso de aprehensión, en el móvil que los trasladaba o una vez alojados en sede policial. Un quinto de los encuestados calificó estos golpes o maltratos físicos como “muy graves”, mientras que poco más de uno de cada diez dijo que fueron “graves”. “Estos datos revelan que los malos tratos en este tipo de circunstancias constituyen una mala práctica relativamente difundida de la Policía de la Provincia de Catamarca, aun cuando en algunos casos nuestros encuestados se refieren a algo que aconteció en el pasado menos reciente -dependiendo de cuándo inició su actual período de detención-”, señala el informe.
La gravedad de los hechos denunciados y la cantidad de denuncias que describen el modus operandi de los policías exigen que las autoridades del Ministerio de Seguridad, de la fuerza de seguridad y la propia Justicia efectúen las investigaciones que correspondan para castigar a los culpables, medida que casi nunca se efectiviza, y de ese modo eviten que los apremios sigan siendo una práctica habitual y tolerada.