El congelamiento de los aumentos salariales en el Poder Judicial hasta que el resto de la estructura del Estado alcance el 12% otorgado en diciembre era la única salida para la encerrona a la que habían llegado el Gobierno y la Corte en la pulseada presupuestaria.
Retroceder en el incremento hubiera afectado derechos adquiridos por los empleados y funcionarios de la Justicia, que ya habían cobrado sus haberes con la mejora. Sostenerlo sin condicionamientos implicaba asumir las consecuencias de un peligroso e inconveniente desequilibrio en las cuentas públicas, con proyecciones sobre las finanzas de funciones estatales indelegables como la educación, la seguridad y la salud pública.
Los miembros del tribunal terminaron entendiendo que la mejora de los emolumentos judiciales no podía prevalecer sobre los intereses generales y aceptaron el diseño de la cristalización de haberes hasta que todo el sector público emparde el 12.
El descuento hacia la convergencia comienza con los sueldos de enero, en los que el Gobierno aplicará un aumento del 2,7% conforme a la inflación de diciembre. Quedan 9,3 puntos por delante, habrá que ver cómo evolucionan la inflación y las paritarias con los gremios estatales.
El acuerdo cierra un proceso muy desgastante desde el punto de vista institucional, a lo largo del cual se enrarecieron las relaciones entre los tres poderes, con la Justicia en el foco de la atención pública debido a episodios como el de las absoluciones pagas de los asaltantes de Parque América, por el que se le encargó una investigación a la fiscal Paola González Pinto y se radicó un pedido de jury contra el fiscal Hugo Costilla y el juez de Garantías Rodolfo Maidana.
Todo muy erosivo para el prestigio de los interlocutores, ofreciendo la imagen de extorsiones cruzadas por porciones del presupuesto a una sociedad que no la está pasando bien, acosada por las estrecheces en un contexto incierto donde la remisión del flagelo inflacionario aparece como la única buena noticia.
Con una mirada retrospectiva, la escalada del conflicto bien podría considerarse absurda.
En 2023 se había dado una secuencia muy similar: confección de un Presupuesto judicial con pautas de incremento muy por encima de las del Presupuesto general, ajuste en la Legislatura, reacción corporativa de la familia judicial, trabajosas tratativas y acuerdo. Si bien en esta oportunidad miembros de la Corte, jueces y fiscales se abstuvieron de instigar y acaudillar movilizaciones sindicales, el derrotero fue casi calcado con la diferencia del aumento salarial 10 puntos arriba del resto de los enclaves estatales, un salto al vacío apostando a que el Gobierno soltara llegado el caso fondos adicionales a los autorizados por la ley de Presupuesto.
Por fortuna primó la sensatez y se conjuraron crisis mayores. Salvadas las diferencias económicas, sin embargo, lo que queda pendiente es avanzar en la construcción de un vínculo más armonioso entre la Justicia y el Gobierno.
Conviene en adelante tener en cuenta la hipótesis de que el diálogo podría ser más fructífero si se lo iniciara con tiempo suficiente antes de las definiciones presupuestarias y no sobre hechos consumados que indefectiblemente contaminan el espíritu de los actores y muchas veces degeneran en lamentables confrontaciones de carácter personal.
Ni institucional ni personalmente es saludable tener que revertir desencuentros para acomodar el horizonte económico y establecer elementales previsibilidades.