El “silencio stampa” que la ministra de Seguridad, Fabiola Segura, seleccionó como estrategia frente a la escalada de escándalos que salpica a sus primos Camilo y Enzo Carrizo resulta cada vez más sugestivo.
La funcionaria parece haber apostado a que las repercusiones por la absolución paga en la causa por el asalto a mano armada del que participó Camilo remitirían con el paso del tiempo y que la temporada veraniega le daría margen para retornar con una agenda menos incómoda, que le permitiera acentuar acontecimientos de su gestión propicios a la manija promocional como la repartija de móviles y equipamiento para la Policía.
La realidad, sin embargo, se impone por sus fueros y no son pocos los que a esta altura del partido menean aquello de que el que calla otorga.
Resultó ser que Camilo es proveedor del Estado y que entre sus contrataciones hay varias a la cartera de Seguridad que comanda su prima. Luego se descubrió que es beneficiario de una pensión por invalidez que consiguió, acaso casualmente, cuando el titular de la ANSES provincial era su hermano Enzo, quien por su parte no olvidó hacerse designar en planta permanente en el organismo antes de ocupar la intendencia de Saujil.
Si a este combo se le suma el hecho de que Camilo asaltó a Matías Rolón Reynoso, procesado por las criptoestafas perpetradas en “RT Inversiones”, se configura una escena más que atractiva para elucubraciones inconvenientes para el cuero de la ministra. Con lo fácil que sería emitir un comunicado informando que no tiene nada que ver con las correrías de sus parientes… ¿Por qué no dice nada?
De los cuatro asaltantes que zafaron de responder ante la Justicia a cambio de una indemnización irrisoria, por obra y gracia del fiscal Hugo Costilla y el juez de Garantías Rodolfo Maidana, Camilo Carrizo es el único que tiene vínculos políticos. Es inevitable sospechar que tales vínculos le sirvieron tanto para aceitar contratos con el Estado como para conseguir ser pensionado por una extraña invalidez que no le impide complicarse en audaces golpes delictivos.
Segura podría esgrimir a su favor que fueron la propias fuerzas policiales que ella coordina políticamente las que detuvieron a su transgresor primo, pero se abstiene vaya a saberse por qué.
Lo de la pensión corre por cuerda aparte porque fue otorgada por la ANSES durante la gerencia de Enzo, pero se suma como ingrediente para proyectar la imagen de un clan familiar enquistado en el poder provincial. Que no es el único, justo es señalarlo, aunque sean más bien escasos los precedentes de paraguas nepóticos extendidos a asaltantes asociados a reos de narcotráfico y otras linduras como Diego Arroyo.
Sobre la impunidad tarifada ya se expedirá la Justicia, conforme a los dilatados plazos que la caracterizan. El procedimiento está supuestamente bajo revisión y hay dos jurys planteados en contra de Costilla y Maidana que empezarían a moverse en febrero.
La gestión de Enzo en la ANSES promete ser uno de los temas más explotados por el eje libertario-radical en el año electoral. El diputado Tiago Puente, pionero en canjear boina por peluca, se reunió con la gerente regional de la ANSES, Miryam Juárez, y le pidió auditar el período. Dada la predilección que tienen los libertarios por los fraudes previsionales y sociales, no sería extraño un salto a la marquesina nacional. Por ahí el vocero Manuel Adorni se descuelga con alguna alusión cuando retome las actividades.
No ha de estar muy contenta la ministra Segura con el papel que le toca en el revival de los ’90. En aquellos gloriosos años del menemato hacía furor el grupo “Las Primas”, ahora cobran vuelo “Los Primos”.
“Sacá la mano, Antonio…”.