El diputado provincial Hugo Ávila (FAC) adelantó que buscará notificar al Gobierno Nacional sobre el caso de la “Impunidad Tarifada” en Catamarca, y aseguró que es muy importante que Nación tome cartas en el asunto porque de lo contrario “se podrían instalar bandas que vengan a cometer todo tipo de tropelías sabiendo que en la provincia no rige el Código Penal”. Además, pidió que el Jury “esté a la altura” y avance con el pedido de juicio político al fiscal Hugo Costilla y el juez de control de garantías, Rodolfo Maidana. También volvió a cargar contra la ministra de Seguridad, Fabiola Segura.
“A fines de enero voy a estar en Buenos Aires. Estoy gestionando una audiencia con el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, para ponerlo en conocimiento de la grave situación que está pasando en Catamarca. ¿Por qué? Porque Catamarca quedaría como una isla, una especie de zona franca para que vengan bandas de todo el país a cometer todo tipo de tropelías sabiendo que acá no se aplicaría el Código Penal, sabiendo que en otro lugar si cometen un asalto van a tener entre 5 y 15 años de prisión pero acá pueden lograr un acuerdo de partes”, reclamó Ávila en un mensaje que difundió en su cuenta de Facebook.
El diputado enfatizó en que “es muy grave lo que estamos viviendo los catamarqueños”.
“Espero que la Comisión de Juicio Político esté a la altura de las circunstancias y la exigencia de un pueblo que clama por seguridad y por justicia”, remarcó.
“El 4 de septiembre fue el asalto en Parque América. Al día siguiente dije que esto podía quedar impune porque uno de los asaltantes era hermano del intendente de Saujil, Enzo Carrizo, y primo hermano de la ministra de Seguridad, Fabiola Segura. El 9 de septiembre pedí la renuncia de la ministra no solo por esto, sino por las ambulancias en clave roja que traen cocaína a Catamarca, por los rompevidrieras, por la ola de inseguridad que azota la provincia y la incapacidad que muestra en la gestión”, reclamó el diputado.
“Después surgió lo que se llamó ‘Impunidad tarifada’: se homologó un acuerdo entre las víctimas y los asaltantes de Parque América para que la Justicia libere a todos los detenidos y los absuelve de culpa y cargo. Esto pone en peligro a absolutamente toda la población de Catamarca. Le quiero pedir al pueblo que esté atento. Hemos pedido el juicio político para los magistrados y ahora la Comisión de Juicio Político se tiene que reunir en febrero y decidir”, insistió.
Pedido de jury
El 23 de diciembre, Ávila se presentó en la Corte con el pedido de destitución contra el fiscal Hugo Costilla y el juez de control de Garantías, Rodolfo Maidana, a quienes acusó de “mal desempeño e ignorancia inexcusable del derecho” por haber homologado el acuerdo económico por el sobreseimiento total y definitivo de los cuatro hombres que estuvieron imputados por el asalto en Parque América: Guillermo Hernán Nieva (34), Diego Marcelo Arroyo (44), Camilo Alberto Carrizo (34) y Fernando Ariel Pacheco (40), quienes estaban acusados de asaltar a mano armada a uno de los procesados de la causa RT Inversiones SRL, Matías Exequiel Rolón Reynoso, que a su vez cumplía prisión domiciliaria.
Ávila acusó a Costilla de no oponerse al acuerdo y a Maidana por homologarlo. Para el diputado, este acuerdo económico “es improcedente en una causa de robo doblemente agravado” por lo que la actitud del fiscal y el juez “configura una falta grave y posibles hechos con relevancia penal”. Ávila recordó que con el acuerdo los hombres “evitaron toda consecuencia penal por un delito que involucró violencia, privación ilegítima de la libertad, robo y amenazas, además doblemente calificado por el uso de armas y por ser cometido en poblado y en banda”, a cambio de $8 millones.
“Este fallo contradice principios esenciales del derecho penal y procesal, comprometiendo gravemente la seguridad pública y la confianza en el Poder Judicial. Los hechos que motivan esta denuncia constituyen un claro caso de mal desempeño de sus funciones, configurando además la posible comisión del delito de prevaricato conforme al artículo 269 del Código Penal. No solo ha vulnerado la normativa vigente, sino que ha generado un grave precedente institucional que compromete la credibilidad del Poder Judicial y la seguridad pública”, remarcó.