Atento a que el 7 de febrero de 2025 la Justicia de Córdoba iniciará el primer juicio contra Adhemar Bacchiani por 50 hechos de estafas reiteradas, una querella que representa a más de 40 damnificados por más de 700 millones de pesos pidió a la Justicia Federal la confiscación de todos los bienes relacionados con los delitos investigados.
Bacchiani, fundador de la financiera Adhemar Capital SRL, cuenta con varios frentes judiciales. En Córdoba, donde tenía una sucursal en barrio Cerro de las Rosas, será juzgado en la Cámara 10 del Crimen por estafas reiteradas, por un monto aproximado de 200 millones de pesos.
En la provincia de La Rioja, la Justicia ordinaria también lo investiga por estafas y por intermediación financiera no autorizada agravada por el uso de publicidad.
En Catamarca, el Juzgado Federal N°1, a cargo de Miguel Ángel Contreras –fiscalía representada por Rafael Vehils Ruiz-, lo imputó por «intermediación financiera no autorizada en concurso ideal con lavado de activos y defraudación, todo en concurso real, con asociación ilícita, en carácter de coautor». Como Córdoba lo envió a juicio por un delito que también podría ser juzgado en el Fuero Federal (en Catamarca también es investigado por estafas), el juez Contreras inició un incidente ante la Corte Suprema de Justicia planteando una cuestión jurisdiccional, aduciendo que Bacchiani debería ser juzgado por ese fuero en Catamarca.
A pesar de que el incidente aún no se resolvió, Córdoba confirmó la fecha de inicio de juicio oral y público.
Paralelamente, el Juzgado de Primera Instancia en lo Comercial y de Ejecución de Segunda Nominación, Secretaría de Concursos y Quiebras de Catamarca, gestiona la quiebra de Bacchiani (persona física), solicitada en el año 2022 por los acreedores Alfredo Zuliani, Jorge Berrondo y Augusto D’agostini.
Ese mismo Juzgado procesa la quiebra de la empresa SRL, que fue solicitada por Bacchiani también en 2022. Los montos estimados de las dos quiebras es de aproximadamente 12.500 millones de pesos, más actualizaciones e intereses.
En este contexto, el abogado querellante Bruno Jerez, en representación de damnificados ante la Justicia Federal, pidió el “efectivo decomiso y la inmediata confirmación de bienes o activos ilícitos o relacionados con los delitos” investigados y que además se emita un informe detallando sobre los montos embargados.
La querella consideró que la Fiscalía Federal estaría próxima a finalizar la etapa investigativa y pidió al juez que se emita un informe detallado sobre todos los bienes que supuestamente han sido embargados en el marco de la causa, pertenecientes a los imputados y que han sido puestos a disposición de ese Juzgado Federal.
También solicitó que se designe un martillero público o perito afín para que lleve a cabo el avalúo de cada bien embargado.
Por otra parte, se planteó al juez que informe, si hubo, “acuerdos reparatorios” efectuados con damnificados, detallando montos, lugares, fechas y participantes de las transacciones.
Se pidió además un detalle de las cuentas bancarias de todo tipo y de todos los imputados en la causa federal, ya sea como titular o cotitular de aquéllas, en entidades bancarias nacionales e internacionales, y en billeteras virtuales.
4 de febrero de 2025
La Justicia de Córdoba pidió al juez Contreras que hasta el 4 de febrero del año que viene le envíe un informe sobre el estado de la causa radicada en su juzgado, personas imputadas, «número de damnificados y perjuicio económico estimado».
Al igual que la querella citada, Córdoba solicitó que se informe si «el o los acusados han llegado a algún tipo de acuerdo de reparación económica con los damnificados», debiendo indicar fecha y monto de éste.