Se ha convertido en un clásico de cada año: las disputas entre el Poder Ejecutivo y la Corte de Justicia son recurrentes cada vez que se discute el Presupuesto anual. Este año, como el anterior, el Poder Judicial consideró escasos los recursos públicos que se le terminaron asignando en función del proyecto aprobado en la Legislatura.
El proyecto presentado en noviembre por el Ejecutivo contemplaba un total de gastos superior a los $2 billones, lo que significará una suba del 106% respecto del que está vigente este año. El incremento, en el caso del Poder Legislativo, es del orden del 77%. La previsión elaborada por la Corte de Justicia preveía un aumento muy superior: del orden del 214%. La justificación para casi triplicar el presupuesto en un contexto de inflación a la baja es el histórico reclamo judicial de incorporación de más personal para hacer más eficiente el servicio de Justicia.
Con esos números llegó la iniciativa para su tratamiento legislativo, pero se trataba de una formalidad, porque son los legisladores los que finalmente incorporaron las modificaciones necesarias para evitar esta disparidad tan marcada.
Aun con disconformidad de la Justicia por el recorte practicado en el presupuesto para ese poder, el conflicto pareció diluirse con el paso de los días. Pero recrudeció esta semana cuando trascendió que la Corte les otorgaría a los empleados judiciales un incremento superior al 12%, una pauta salarial muy superior al del resto de los empleados públicos provinciales. Si este aumento finalmente se formaliza, los trabajadores del Poder Judicial obtendrían un acumulado anual del 161,59%, muy superior al del resto de los empleados del Ejecutivo (128,75%) y de los docentes (131,82%).
La decisión de la Corte, que tuvo como efecto inmediato desactivar un paro convocado por el sindicato que nuclea a los trabajadores de la justicia en Catamarca, generó malestar en el Ejecutivo. Y el argumento para el enojo es doble: por un lado, en Casa de Gobierno consideran un despropósito que si la justificación de un mayor presupuesto era la ampliación de la planta de personal para cubrir áreas que son fundamentales para hacer más eficiente el servicio de justicia, se termine convalidando una erogación destinado a incrementos salariales para los trabajadores y, se presume, también para funcionarios judiciales y los propios ministros de la Corte. Por otro lado, el aumento por arriba de la pauta salarial para la administración pública genera una inequidad entre los empleados públicos provinciales, pues agranda la brecha ya existente entre judiciales y el resto, incluidos los empleados legislativos, cuyos salarios vienen actualizándose al mismo ritmo que el concedido por el Gobierno de la provincia.
Un dato relevante en al análisis es que los empleados públicos que dependen del Ejecutivo o el Legislativo obtuvieron su último anuncio de aumento en octubre. Desde entonces, los salarios se ajustan de acuerdo con el ritmo inflacionario, que desde entonces es menor al 3% mensual.
Las críticas a la Corte tienen además una vinculación con el contexto económico nacional. Se le reclama una adecuación a los criterios de austeridad con el que se manejan tanto el Gobierno nacional como el provincial y los municipios. En el Ejecutivo consideran que, si el incremento salarial de más del 12% a los trabajadores judiciales finalmente prospera, el presupuesto del Poder Judicial será insuficiente, y requerirá, lo que es una práctica habitual que se intenta desterrar, de una asistencia financiera adicional. Un dinero extra cuya disponibilidad está en duda.