En octubre, el juez de Control de Garantías, Héctor Rodolfo Maidana, había advertido la peligrosidad de dos de los involucrados en el asalto a Parque América, pero luego esos elementos no fueron tenidos en cuenta cuando homologó el acuerdo de reparación que permitieron las “absoluciones pagas” que fueron criticadas por distintos sectores.
Hace dos meses atrás el magistrado había decidido que Diego Marcelo Arroyo (44) y Fernando Pacheco (40) quedaran detenidos con prisión preventiva ya que representaban peligro de fuga.
“En el caso de Arroyo, en la planilla prontuarial, ya surge que registra condenas anteriores incluso en 2023 y fue declarado reincidente por un juzgado de Control de Garantías por sexta vez, en un juicio abreviado. En caso de ser condenado en esta causa sería considerado reincidente por séptima vez, como consecuencia de ello, resulta inviable la condena condicional, además de recibir una condena efectiva debería ser considerado reincidente por séptima vez”, argumentó en declaraciones periodísticas.
“Todas esas circunstancias constituyen una base para inferir un peligro de fuga”, había afirmado.
“En cuanto al acusado Pacheco, una de las causas que permite ser valorada es la falta de arraigo. Esto es no tener un domicilio en la provincia, no tener trabajo estable, no tener familia, no tener vínculos familiares en esta provincia”, fundamentó al explicar la decisión de la prisión preventiva.
“Lo que existe con respecto a Arroyo y Pacheco es peligro de fuga, no de entorpecimiento”, ratificó el magistrado. “Con respecto a (Guillermo Hernán) Nieva y (Camilo) Carrizo no tienen antecedentes, ejercen el comercio en la provincia, tienen domicilio, todo eso ha sido corroborado por las constancias de la causa, no registran antecedentes ni policiales ni judiciales, por lo tanto, el peligro de fuga, a mi criterio, no existe”, afirmó al fundamentar la decisión de dictar la prisión solo a dos lo que había asaltado a la familia de Matías Rolón Reynoso, quien estaba con prisión domiciliaria, involucrado en la causa RT Inversiones por las estafas.
Los cuatro habían sido imputados por el delito de robo doblemente calificado por el uso de armas y por ser en poblado y en banda. El final ya es conocido. Las partes involucradas llegaron a un acuerdo para la reparación integral del daño causado. La legitimación de este “Acuerdo Conciliatorio” fue solicitada por el fiscal Hugo Costilla al juez de Garantías Rodolfo Maidana, quien lo homologó, declaró la extinción de la acción penal y ordenó el sobreseimiento total y definitivo de los acusados Guillermo Hernán Nieva, Diego Marcelo Arroyo, Camilo Carrizo y Fernando Ariel Pacheco.
Días pasados, Maidana defendió su decisión y se amparó en el artículo 59 inciso 6 del Código Penal, defendió la resolución y apuntó al Legislativo por la falta de reglamentación.
«Las legislaturas provinciales podrán reglamentar la aplicación del Art 59 inciso 6 del Código Penal, que establece que la acción penal se extinguirá por conciliación o reparación integral del perjuicio, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes. Los legisladores pueden establecer cómo será la aplicación de ese instituto», justificó el magistrado.