Libertarios y “lilitos” desarrollan por estas horas intensas escaramuzas verbales en torno el cuerpo de custodios de la ex diputada nacional Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica.
La polémica fue detonada por el presidente Javier Milei, quien aprovechó que Carrió asistió al casamiento del ex jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta acompañada por estos guardaespaldas para desacreditarla con lo que tituló como una “nota de color” en su cuenta de X.
“En esta foto se puede ver a la ‘Pitonisa de la Moral’, que ya no es Diputada Nacional y nadie sabe de qué trabaja, con uno de sus dos choferes (y más de 20 custodios) pagados desde el Gobierno de la Ciudad. Las contradicciones se cuentan solas. Ciao”, tuiteó el mandatario.
La apreciación desencadenó las previsibles reacciones del bando “lilito”, con el recuento del nutrido historial de denuncias de su referente y obvias referencias al acuerdo entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo para voltear en la Cámara de Diputados el proyecto de ley Ficha Limpia.
El sucesor de Rodríguez Larreta en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, aclaró que los guardaespaldas no son 20, sino 15 efectivos de la Policía de la Ciudad, que cumplen turnos de 24 horas por 48 de descanso por orden del extinto juez Claudio Bonadío.
«Viene de la época de Larreta. No puedo sacárselo, es una orden judicial. Cada año preguntamos si tenemos que sostenerla”, explicó el alcalde.
“La Justicia elige a qué fuerzas pedirles los recursos», señaló, y aclaró: «Lo que sí hicimos este año fue preguntar si había que sostenerla y el fiscal ratificó que había que hacerlo».
El hecho es que Carrió, por decisión del finado Bonadío, goza de una protección particular reforzada que otros miembros de la sociedad argentina no tienen, aunque también hayan denunciado ilícitos y amenazas.
Seguridad asimétrica, por empezar, que a su vez revela la ineficacia judicial. Las amenazas de las mafias que presuntamente se ciernen sobre Carrió no han podido ser conjuradas pese a la pertinacia con que ella las denuncia con pelos y señales desde hace décadas.
No sería justo omitir que no solo Carrió se beneficia con seguridad diferencial.
Fabiola Yáñez, ex de Alberto Fernández, también tiene guardaespaldas particulares a cargo del Estado argentino en España desde que decidió denunciar al expresidente por violencia de género. Se trata en realidad de una extensión de la custodia que compartía con su excónyuge, con quien se mudó a la península luego de la desafortunada experiencia presidencial.
Por supuesto, no se trata de negarle protección a nadie, pero conviene consignar que, mientras figuras de fuerte exposición pública tienen acceso a estos cuidados especiales, los ayunos de celebridad deben en su mayoría arreglárselas como pueden ante amenazas muy concretas.
Basta recordar los casos de mujeres que terminaron asesinadas por parejas o exparejas pese a que habían radicado múltiples denuncias por violencia. Eventualmente, la Justicia ordena medidas restrictivas que no se cumplen porque no hay efectivos de seguridad para disuadir a los transgresores.
Es en ese contexto, independientemente del volumen de los costos, las custodias particulares a cargo del Estado aparecen como privilegios, contrastantes en una sociedad donde la inseguridad ocupa desde hace años un espacio principal en la agenda de las preocupaciones públicas.