El fiscal general de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, le envió un oficio al fiscal federal de Catamarca, Santos Edgardo Reynoso, para que investigue si existe algún tipo de delito por contaminación ambiental en Andalgalá a partir de la clausura de la planta de la empresa All Services.
Como se informó, el viernes pasado la subsecretaria de Ambiente del municipio de Andalgalá, Natalia Reales, resolvió suspender la actividad de la planta de tratamiento de residuos industriales All Service, ubicada sobre la ruta 46, en el distrito de Huachaschi, por contaminación ambiental e irregularidades varias. Además, se constató que la empresa había comenzado a gestionar residuos patógenos de toda la provincia cuando no contaban con la habilitación del municipio.
Según la resolución, el municipio le otorgó a la empresa un plazo de 180 días para la regularización del proyecto, sus ampliaciones y la corrección del informe de impacto ambiental.
El lunes pasado, el fiscal federal de Tucumán, Gustavo Gómez, se dirigió a Reynoso en función del turno. Le informó que recibió las repercusiones del caso en medios de comunicación locales y pidió que investigue.
Al relatar los hechos, Gómez recordó que desde el año 2023, All Service, “presuntamente era responsable del tratamiento de los residuos biopatogénicos provenientes de hospitales y clínicas de toda la provincia. La planta procesaba, además, residuos mineros, como el arsénico.
Aunque la empresa contaba con una autorización inicial otorgada por el ex secretario de Medio Ambiente, Gustavo Báez, esta no cumplía con los requisitos exigidos por el municipio, tales como la habilitación comercial y el dictamen ambiental favorable”, expresó.
Tras relatar la información que se publicó en medios locales, Gómez concluyó que ”los hechos denunciados en el relato implican violaciones a varios puntos del Anexo I de la Ley 24051, que regula el manejo, tratamiento y disposición de residuos peligrosos. Las irregularidades detectadas en la planta All Service, tales como el manejo inadecuado de cenizas, la emisión de contaminantes, el almacenamiento deficiente de residuos biopatogénicos, la falta de habilitación ambiental y la ausencia de protocolos de seguridad, configuran posibles infracciones a la Ley, con implicancias tanto para la salud pública como para el medio ambiente”.
“Teniendo en cuenta que nos podríamos encontrar en presencia de un delito de índole federal tipificado por la Ley 24051, se remite la presente a efectos de que en forma directa se practiquen todas aquellas diligencias que pudiesen resultar necesarias con el objeto de determinar a partir de los hechos puestos a su conocimiento, si se verifica algún accionar susceptible de ser considerado delito y, en su caso, se formule requerimiento de instrucción. Caso contrario, se desestime y archive la misma”.
Antecedentes
Según pudo averiguar El Ancasti, la empresa inició su actividad por una habilitación que fue otorgada por el ex secretario de Ambiente Gustavo Báez, para el tratamiento de residuos industriales y provenientes de la minería. En el municipio tenía la habilitación en trámite por la planta porque no presentaban el informe de impacto ambiental y porque se negaban a inscribirse como comercio. Finalmente, luego de insistir la empresa presentó un informe al municipio que era el mismo que había presentado a la provincia.
En octubre, Reales respondió con un informe lapidario y cuestionó varios puntos del IIA. En el dictamen consideró que la empresa All Service debía presentar documentación en la Municipalidad de Andalgalá, «ya que se trata del lugar de asentamiento del proyecto para emitir el correspondiente análisis, evaluación y habilitación comercial». En ese momento, a partir de denuncias públicas e inspecciones realizadas en relación con la actividad de la planta por la posible gestión de residuos peligrosos (residuos biopatológicos) recomienda sanciones para All Service por realizar actividades comerciales aún no habilitadas por el municipio.
Finalmente, el viernes 22 el municipio resolvió la clausura de la planta.