Con el respaldo de los intendentes, se reactivó la posibilidad de que el Gobierno promueva en la Legislatura la derogación de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), régimen que, tras ser implementado a nivel nacional en 2009 por iniciativa del kirchnerismo, no tardó en extenderse a todo el país. La propuesta está en línea con lo que pretende hacer el Gobierno nacional.
En Gobierno provincial la planteó más de una vez, pero se topó con fuertes resistencias no solo de la oposición sino también, y sobre todo, internas. Es que, si a los opositores el sistema les sirve para ordenarse, la dirigencia oficialista con aspiraciones ve en las PASO una instancia que le permite competir a costos módicos por cargos electorales y en cualquier caso mostrar músculo político para proyectarse en las mesas donde se toman las decisiones definitivas.
Es un argumento al que se oponen por lo general los grandes costos que demanda una elección que en muchas ocasiones carece de sentido porque, al ser obligatorias, deben participar de ellas todas las alianzas que se inscriben para la general, aún si no hay contienda interna.
Considerando que el principal justificativo para terminar con las PASO es el económico, llama la atención que la discusión por la boleta única papel no genere entusiasmos por lo menos similares, más aún cuando ya ha sido aprobada por el Congreso y el año que viene se aplicará por primera vez para los cargos nacionales. Hay un proyecto en la Cámara de Diputados tendiente a extender el método a las categorías provinciales, presentado por el libertario disidente Fernando Baigorrí.
La boleta única de papel termina con una gigantesca estafa que se montó a partir de que la ley PASO obliga al Estado nacional a pagarle la impresión de votos por una cantidad equivalente a la totalidad del padrón electoral a cualquier fuerza que presente candidatos, con el agregado posterior, vía fallo de la Corte Suprema, de que también debe desembolsar la misma cifra por cada sublema que participe de la disputa.
Al amparo de este sistema, proliferaron agrupaciones armadas por personajes que recibieron las fortunas destinadas en teoría a pagar la impresión de votos, imprimieron solo los que tenían que meter en la urnas para cumplir con la Justicia Electoral o ninguno y se guardaron el resto de la plata. La monstruosa cantidad de votos y las ramificaciones del curro hacían imposible controlar que el dinero se utilizara efectivamente para la impresión.
En las PASO del año pasado, el Estado pagó la impresión de 3.744 millones de votos para 1.818 listas nacionales con 24.144 candidatos a la Presidencia, el Congreso y el Parlasur. 106 votos por cada integrante del padrón nacional: casi 11 mil millones de pesos. Demencial.
Unos días antes de las PASO, la presidenta de Transparencia Internacional, Delia Ferreira Rubio, señaló que “la razón de esta proliferación de partidos y listas es muy sencilla: un muy lucrativo negocio”.
Naturalmente, el sistema desencadenó encarnizadas peleas dentro de las alianzas políticas, incluso las tradicionales, por quedarse con la decisión de asignar el negocio y de este modo direccionarlo. En el oficialismo local, administrado por el Partido Justicialista, hubo hasta conatos de pugilato por tamaño paquete, en el marco de un intenso lobby de imprenteros. Ténganse en cuenta que a la oferta nacional -Sergio Massa competía con Juan Grabois por la Presidencia- había que añadirle los candidatos nacionales catamarqueños y los candidatos provinciales de gobernador a concejales.
Curiosamente la competencia, según los resentidos maledicentes que quedaron postergados, no redundó en votos más baratos, sino más caros. Calculan que habrían salido un 20% más.
La versión es incomprobable, pero no caben dudas de que la boleta única contribuiría a terminar con tan desagradables desencuentros entre compañeros, correligionarios, camaradas o, ahora, libertarios.