lunes, 25 de noviembre de 2024 01:21
Diversos gremios catamarqueños, como cada vez que se acerca el final del año, salieron a reclamar el pago de un bono extraordinario, en algunos casos con notas formales, y en otros con virtuales “intimaciones” que exigen este obsequio bajo amenaza de convocar a medidas de fuerza. Hay diversos puntos para analizar en torno a esta solicitud, nacida hace algunos años y que hoy se demanda con creciente ansiedad. En primer lugar, deben escucharse los argumentos de quienes lo piden: que los trabajadores lo necesitan, que los sueldos son bajos, que la inflación aleja el monto de la canasta básica de lo que muchos cobran mes a mes. Todos esos argumentos son rigurosamente ciertos. Y es una realidad que no se presenta sólo en diciembre, sino que puede aplicarse a cualquier mes del año. Hasta allí, el pedido podría ser comprensible: hay necesidades reales.
*****
Pero las objeciones surgen casi de inmediato. Porque por más que se haya pagado en distintas ocasiones, el pago del bono no es una obligación del Estado ni de ningún otro empleador. La obligación es pagar los sueldos en término mes a mes y un aguinaldo o sueldo anual complementario que se otorga en dos cuotas. Es lo único que marca la ley como remuneración regular, al margen de indemnizaciones u otras erogaciones que se presentan ante circunstancias especiales. El bono fue inventado como un acto de naturaleza más demagógica que de ayuda social y es irregular por donde se lo mire. Entre otras razones, porque sólo se contempla para la masa de empleados públicos y no para el resto del universo laboral. Pero el Estado se nutre en sus recursos del aporte de todos: ello quiere decir que los trabajadores del sector privado, entre ellos del comercio, de la industria, monotributistas, empleados, integrantes de pymes, etc., etc., contribuyen al Estado. Y no es justo que todos contribuyan para beneficio de un único sector de trabajadores. Porque ese escenario muestra a todos aportando para que cobren sólo algunos.
*****
Los estatales son, además, quienes gozan de mayores beneficios, comenzando por la estabilidad. Ni un puesto laboral estatal se perdió en la Provincia durante la pandemia: los privados no pueden decir lo mismo. Y el bono, o “regalo de fin año”, en definitiva, nunca se institucionalizó ni se impuso por ley, de modo que no hay derecho a exigirlo y menos en diciembre, cuando las cuentas estatales deben gastar en sueldos un 50 por ciento más. Entre los más de 20 distritos provinciales de la Argentina, apenas cuatro anunciaron un bono este año. En los cuatro, los trabajadores cobran mucho menos que en Catamarca y no cuentan con ayudas como el One Shot para la compra de alimentos ni actualizaciones mensuales con cláusula gatillo. Los sindicatos, que basan su accionar en principios de solidaridad, deberían ser razonables y entender que no es justo reclamar la “solidaridad” de todos en su propio beneficio, cuando quienes aportan tienen las mismas necesidades que ellos y de antemano saben que no recibirán nada.