El escenario político fue convulsionado ayer por un supuesto pedido de la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, actual presidenta del PJ, para que los senadores nacionales que le responden se sumen al apoyo del dictamen para avanzar con la designación de Ariel Lijo como ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es en este contexto que trascendió que la primera en sumar su firma fue la senadora nacional por Catamarca, Lucía Corpacci, quien además acompaña a Fernández de Kirchner como vicepresidenta del PJ. Lijo fue propuesto por el presidente Javier Milei y su elección fue uno de los puntos de tensión con la vice, Victoria Villarruel.
Según señaló el sitio La Nación, Corpacci pidió que le acercaran el dictamen el jueves por la tarde y firmó su apoyo. La candidatura de Lijo necesita nueve firmas de la Comisión de Acuerdos (que tiene 17 integrantes) para ser tratada en el recinto, donde además necesitará dos tercios de los votos para conseguir el acuerdo definitivo. A su vez, La Política Online precisó que “llegó una orden de los gobernadores” para que los senadores peronistas acompañen el pliego de Lijo, por lo que “en los próximos días caerán más firmas al dictamen”. El Ancasti intentó comunicarse con la senadora Corpacci para ratificar esta postura, sin éxito en la respuesta.
En el oficialismo libertario mantienen la postura de que la candidatura de Lijo debe estar atada a la de Manuel García-Mansilla, otro de los propuestos por Javier Milei. Sin embargo, trascendió que Lijo ya tendría las nueve firmas y García-Mansilla, apenas cinco.
“Si en los días que quedan de actividad los pliegos de Lijo y García-Mansilla no prosperan en el Senado, la Casa Rosada podría avanzar con una solución extrema, que consiste en nombrar a ambos candidatos a la Corte por decreto, en comisión y durante un año, período en el que deberían obtener el acuerdo del Congreso”, remarcaron estos medios.
Además de Corpacci, la Comisión de Acuerdos está integrada por Guadalupe Tagliaferri (PRO), Anabel Fernández Sagasti (UP), Beatriz Luisa Ávila, Martín Lousteau, Maximiliano Abad, Mariana Juri, Carolina Losada, Carlos Mauricio Espínola, Carlos Omar Arce, Ezequiel Atauche, Juan Carlos Romero, Alicia Kirchner, Juliana Di Tullio, Sergio Uñac, Claudia Ledesma Abdala de Zamora y José Mayans.
Sobre Lijo
El Gobierno de Javier Milei anunció en abril la elección de Lijo junto con la de García-Mansilla y envió ambos pliegos el 27 de mayo. A Lijo lo propuso como reemplazante de Elena Highton de Nolasco, que dejó la Corte Suprema en noviembre de 2021. Su postulación recibió más de 300 impugnaciones, según un informe del ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona.
Lijo es juez federal desde 2004 y tuvo denuncias por mal desempeño ante el Consejo de la Magistratura que fueron desestimadas. En 2018, la líder de la CC-ARI, Elisa Carrió, lo denunció penalmente por asociación ilícita, lavado de dinero, coimas y tráfico de influencias incluyendo a su hermano, Alfredo Lijo, al ex camarista Eduardo Freiler, el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, y a su ex secretario privado, José María Olazagasti. En esa causa, los hermanos Lijo fueron patrocinados en los tribunales por Mariano Cúneo Libarona, actual ministro de Justicia. Fueron sobreseídos.
Según un informe realizado por ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia), citado por el sitio Chequeado, Lijo está entre los jueces más denunciados ante el Consejo de la Magistratura, con un promedio de 1,6 denuncias disciplinarias por año desde que ejerce como juez (32 denuncias totales), y de las 89 causas de corrupción que estuvieron a su cargo, solo elevó a juicio 14, siendo el cuarto juez que menos casos elevó.
Entre las causas más resonantes en las que intervino, fue juez de la causa Ciccone, en la que procesó en 2014 al entonces vicepresidente, Amado Boudou, por “cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública” por el levantamiento de la quiebra de la imprenta para quedarse con el negocio de la impresión de billetes en la Argentina. Lijo elevó la causa a juicio en 2017 y en 2018 Boudou fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 4.
Lijo también llevó adelante la investigación del encubrimiento en la causa AMIA, en la que mandó a juicio oral al ex presidente Carlos Menem (Partido Justicialista), al ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy, al ex juez federal Juan José Galeano y a los fiscales federales Eamon Mullen y José Carlos Barbaccia, entre otros. Sin embargo, en 2017 fue apartado de la causa por decisión de la Sala ad hoc de la Cámara Federal, a pedido de las querellas, por haber dictado la falta de mérito de 4 ex secretarios de Galeano en el Juzgado Federal Nº 9: Carlos Velasco, Javier De Gamas, Susana Spina y José Pereyra.
También se desempeñó como juez en otras causas importantes, como la del Caso Siemens, en la que se investigó el “accionar sistemático de integrantes de la empresa Siemens de pagar sobornos”; fue el juez de la causa conocida como Correo Argentino, en la que se denunció un acuerdo “abusivo” por la deuda que la empresa, en concurso de acreedores desde 2001, mantenía con el Estado. En ese expediente está imputado el ex presidente Mauricio Macri.
Otra de las causas que tuvo a su cargo fue el asesinato en 1973 del entonces secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), José Ignacio Rucci. En 2012, Lijo determinó que la causa no se trataba de un crimen de lesa humanidad y, por lo tanto, no quedaba sujeto a la cláusula de la imprescriptibilidad. Su desempeño en esta causa es lo que “no le gustó” a la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien cuestionó al juez por “facilitar que el expediente esté en un limbo eterno”. Por eso, en una entrevista reconoció que no le gustaba Lijo como candidato.