Los hechos de denuncias contra magistrados no son nuevos y cada tanto suelen ocupar titulares en tapas y portales digitales. Sin embargo, lo que sí resulta inédito en Catamarca es que por primera vez jueces de un tribunal van a juzgar a quienes fueron sus pares en la magistratura. Los exjueces Juan Pablo Morales y Raúl Da Pra fueron imputados por el presunto delito de “cohecho pasivo agravado”. Ambos, tras una larga carrera judicial, se desempeñaron como magistrados de la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos. Además, Morales se desempeño –licencia mediante- como secretario de Seguridad, entre diciembre de 2011 y marzo de 2015.
Luego de varias instancias, finalmente el expediente ingresó a la Cámara de Sentencia en lo Criminal de Tercera Nominación. El Tribunal estará integrado por el juez natural de esta Cámara Marcelo Soria y, por inhibiciones, los subrogantes Elizabeth Cabanillas, jueza de Ejecución Penal, y Lucas Vaccaroni, juez de Control de Garantías. El Ministerio Público Fiscal estará representado por el fiscal de Cámara Miguel Mauvecín.
Dada la particularidad de los imputados, varios magistrados se inhibieron. Hay motivos para ellos. Según se indicó, algunos jueces se inhibieron porque habían participado en alguna instancia del proceso, sea en Control de Garantías como en la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos. La Ley Provincial 5730 de Modificación del Régimen de Subrogación de Magistrados y demás Funcionarios Judiciales, se establece que “en caso de excusación, recusación o vacancia de algún integrante de las Cámaras Penal de Juicio será reemplazado en el orden siguiente: por los jueces de las otras Cámaras Penales de Juicio y Apelación, que no hubieren intervenido en la causa; por los jueces del Fuero Penal Juvenil; por los jueces Correccionales o por los jueces de Control de Garantías”.
Según se indicó, la mayoría de los magistrados se habría inhibido argumentado el artículo 56 inciso octavo del Código Procesal Penal de Catamarca. “El juez deberá inhibirse de conocer en la causa si ha dado consejos o manifestado extrajudicialmente su opinión sobre el proceso; si tiene amistad íntima o enemistad manifiesta con alguno de los interesados”. En este contexto, debe tenerse en cuenta que tanto Morales como Da Pra llevaban años desempeñándose en el Poder Judicial. Hicieron carrera y varios magistrados y funcionarios judiciales –al margen de un posible vínculo amistoso- fueron compañeros en los distintos tribunales del Fuero Penal catamarqueño.
En el estrado, el juez Soria estará acompañado por la jueza de Ejecución Penal de Primera Nominación Elizabeth Cabanillas, magistrada con amplia trayectoria judicial, y por el juez de Control de Garantías de Tercera Nominación Lucas Vaccaroni. Este juez pertenece a una nueva generación de la magistratura catamarqueña. Inició su carrera judicial en el Fuero Federal y luego ganó el concurso para desempeñarse en su Juzgado.
De acuerdo con información a la que pudo acceder El Ancasti, el expediente ya ingresó a esta Cámara de Sentencia en lo Criminal. El fiscal ya fue debidamente notificado y no planteó la inhibición. Se llevaron a cabo los actos preliminares: se integró el Tribunal, se realizó el control de la acusación y se notificó la citación a juicio a las partes. Queda pendiente el control de la prueba. Por ello, se estima que el próximo año estarían dadas las condiciones para fijar fecha de debate oral y público.
Expediente
La causa, conocida mediáticamente como la videodenuncia, inició a mediados de 2020, tras la difusión de un video en el que se observa a Morales y Da Prá presuntamente cobrando una «coima». En el video se observa a los excamaristas al momento de recibir sobres que contendrían dinero. Los hechos habrían ocurrido entre el 5 de diciembre del 2019 y el 18 de febrero del 2020.
La causa también tiene como imputado a Daniel Jiménez, el imputado que estaba detenido y que supuestamente resultaría beneficiado con el pago de la coima a Morales y a Da Pra. Jiménez, detenido en el Penal de Miraflores, habría enviado a un intermediario para que se reuniera con Da Prá y Morales, con la intención de hacerles entrega de la suma de $820.000 en dos sobres a cambio de que le revoquen la prisión preventiva que había sido confirmada por el Juzgado de Control de Garantías de Cuarta Nominación.
El video de la presunta coima se difundió por Whatsapp y a través de correos electrónicos. Según el informe elaborado por Gendarmería Nacional, el video en cuestión habría sido editado. Los exjueces también presentaron pericias que coincidían con este informe.