jueves, 21 de noviembre de 2024 01:47
Mientras Provincia diseñó su plan de gastos proyectados para el año que viene, con números gigantes que reflejan el descalabro de la economía argentina, en Nación se desata un simulacro de batalla por la aprobación del Presupuesto para el país. Las provincias buscan tener algún resguardo o garantía de suministro de recursos, la oposición intenta meter alguna presión, pero Casa Rosada extiende las discusiones previas a la votación con una seguridad: será vencedora si el Presupuesto se aprueba y, si no se aprueba, también. Chequera en mano, el riesgo que corre Nación por el debate presupuestario es prácticamente nulo, casi como si se discutiera si se va a administrar según lo que dice su proyecto o directamente como se le dé la gana. Esas serían las opciones, por eso el aroma es de una preocupación oficial ficticia, casi un entretenimiento político. Existen otros contratiempos, es verdad, por ejemplo, que el actual Presupuesto 2024 ya viene prorrogado del año anterior, con lo cual asoma una prórroga de la prórroga insólita y no contemplada en los manuales, que además convertiría la hoja de ruta de gastos en letra muerta, si se consideran los niveles de inflación y devaluación que se atravesaron desde que se aprobó el Presupuesto original.
El Gobierno nacional tiene asegurado el triunfo porque sin Presupuesto 2025 tendrá pleno margen para actuar con discrecionalidad, esto es, jugar un juego sin reglamento. Pero aquí no se puede tirar el fardo exclusivamente a Javier Milei, porque la práctica viene desde hace rato. Un reciente estudio de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, determina que la revisión de los procesos de discusión presupuestaria en las últimas décadas muestra que la tendencia a concentrar las decisiones en manos del Poder Ejecutivo ha ido en aumento. Esto implica un debilitamiento del rol central que el Congreso debería tener en el debate, aprobación y control del presupuesto.
Este desbalance de poder se instrumentó mediante el uso frecuente de algunas herramientas legales como el mecanismo de prórroga -que en los últimos cinco años sucedió tres veces-, la autorización para hacer modificaciones presupuestarias (los llamados “superpoderes” del art. 37 de la Ley de Administración Financiera) y el uso de DNU para cubrir los casos no contemplados en las competencias concedidas legalmente. Estos instrumentos, usados en un contexto de alta inflación que exige continuas actualizaciones de los montos presupuestarios, aumenta aún más la discrecionalidad del Gobierno. Entre 1994 y 2024, las modificaciones representaron en promedio casi un cuarto (24%) del crédito inicial aprobado por el Congreso, alcanzando un máximo histórico de 134% en este año. En resumen, como decía aquella canción del burro, mi viejo Presupuesto ya no es lo que era.
El Esquiú.com