CARACAS.- El régimen de Nicolás Maduro está reactivando “la modalidad más violenta de represión”, con una nueva ola de detenciones a opositores por supuestas conspiraciones, denunció este miércoles la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela.
La denuncia coincidió con el arresto, este mismo miércoles, de dos referentes de la oposición venezolana, Dignora Hernández y Henry Alviarez, estrechos colaboradores de la líder opositora María Corina Machado -inhabilitada para competir en las elecciones del 28 de julio próximo- y miembros de su partido, Vente Venezuela.
La presidenta de la misión, la portuguesa Marta Valiñas, presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas un nuevo informe sobre abusos cometidos por el gobierno de Maduro en Venezuela desde 2023, donde destacó que “las autoridades invocan conspiraciones reales o ficticias para amedrentar, detener y procesar a personas opositoras o críticas del gobierno”.
“La misión observa una repetición de los mismos patrones de violación de derechos humanos contra personas opositoras o percibidas como tales, que incluye a personas defensoras de los derechos humanos que se atreven a criticar, denunciar o a protestar por decisiones o políticas del gobierno”, dijo Marta Valiñas, presidenta de la misión.
Además, indicó que el régimen chavista pasó de una fase menos represora, en la que se limitaba a crear “un clima de temor e intimidación”, a un periodo más violento “que se activa para silenciar las voces de la oposición a cualquier precio”.
Valiñas resaltó que en enero pasado Maduro pidió “activar la furia bolivariana” tras asegurar que el año pasado habían desactivado cuatro conspiraciones en su contra, y que la Fiscalía General dio a conocer la “Operación Brazalete Blanco”, uno de los supuestos intentos por derrocar al presidente venezolano, lo que se tradujo en la expulsión de 33 militares y la detención de opositores al régimen, como varios de los colaboradores de Corina Machado.
Además, la presidenta de la misión mencionó en su presentación a defensores de derechos humanos como Rocío San Miguel, que fue detenida sin orden judicial y permaneció desaparecida por cinco días, “hasta que las autoridades informaron de que se encontraba detenida en El Helicoide, uno de los centros de tortura documentados por la misión”. Luego el régimen le dio un plazo de 72 horas a San Miguel para abandonar Venezuela.
Valiñas También recordó el Acuerdo de Barbados, en el que se estableció que la oposición podría concurrir a las elecciones, y la suspensión por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de las elecciones primarias, en las que triunfó por una amplia mayoría Machado, y la ratificación por la misma instancia de su inhabilitación política de 15 años, el 26 de enero. “Estas acciones ponen en evidencia las graves dificultades que existen para garantizar que las próximas elecciones presidenciales se desarrollen de conformidad con el derecho a participar en los asuntos públicos previsto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, subrayó Valiñas.
Tras la presentación del informe, el chavismo rechazó de forma contundente las “acusaciones infundadas y mentiras” emitidas por la misión de la ONU. En un comunicado, la Cancillería venezolana acusó a la misión de “violar, una vez más, todos los principios de la Carta de la ONU, con el objeto de seguir intentando promover la política fracasada de cambio de régimen, instruida desde Estados Unidos”.
“El mundo ha sido testigo hoy de una las páginas más vergonzosas en materia de Derechos Humanos. Una misión que emite juicios parcializados con fines meramente políticos, cómplice de sectores que han promovido sanciones inhumanas a Venezuela y reiteradamente han exhibido planes de asesinar a su presidente y causar caos y destrucción a su pueblo”, dijo la Cancillería.
Al respecto, exigió al Consejo de Derechos Humanos que “debe inmediatamente desestimar cualquier argumento amañado de dicha misión, que no ha pisado nuestro país, y que utiliza métodos pocos profesionales para presentar un panfleto partidista”.
Asimismo, advirtió que el gobierno venezolano no acepta ni aceptará, ninguna medida que se desprenda de “este adefesio”, presentado ante un Consejo “que nada ha hecho para detener el genocidio al pueblo palestino y la consecuente violación de Derechos Humanos”.
En este sentido, reiteró el compromiso de Venezuela con la promoción, respecto y protección de los Derechos Humanos como un valor supremo, en consonancia con sus obligaciones internacionales.
“Exhortamos una vez más al Consejo de los Derechos Humanos y sus Mecanismos a cooperar y avanzar sobre la base del dialogo genuino y respetando los principios de universalidad, objetividad, marcialidad, no selectividad y con pleno apego a la soberanía y lo no injerencia en asuntos internos”, puntualizó.
Agencias ANSA y AFP
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