El Gobierno volvió a cruzar a Kicillof y comparó la suba del impuesto inmobiliario con la 125

Crece la polémica en torno a la pesca no autorizada dentro de la zona económica exclusiva de un barco de bandera argentina pero de fondos chinos y perteneciente a un importante empresario del gigante asiático. En la noche de ayer, el funcionario de Cancillería Pablo Ferrara Raisberg le presentó su renuncia a Diana Mondino.

De esta manera, Ferrara Raisberg es el segundo funcionario nacional que renuncia por este caso. Ayer lo había hecho Julián Suárez, que era director de Control y Fiscalización Pesquera y quien dejó su cargo denunciando, justamente, presiones de Ferrara Raisberg a favor de Liu Zhijiang, el empresario chino que es dueño del buque pesquero Tai An.

Tras la asunción de Mauricio Macri en el PRO, Javier Milei pone la mira en un frente electoral conjunto para las elecciones de 2025. Según pudo saber TN, el Presidente quiere llegar a un acuerdo para que no compitan por el mismo electorado y no descarta sumar a cuadros del partido amarillo a las líneas de Nación.

«La línea es ir juntos en 2025. Los que pensamos igual tenemos que integrar las mismas listas, así apuntamos para el mismo lado y no nos sacamos los votos», le expresó a TN un integrante de la cúpula del Gobierno.

El Gobierno, a través del ministro del Interior, Guillermo Francos, volvió a cruzar al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y comparó la fuerte suba del impuesto inmobiliario con la resolución 125 de retenciones móviles durante el kirchnerismo, en medio de la fuerte tensión por la «rebelión fiscal».

Francos dijo que el fuerte aumento en ese tributo en la provincia de Buenos Aires «es una especie de 125, pondrá a todos  los empresarios del agro bonaerense en pie de guerra por un impuestazo de estas características», en declaraciones a radio La Red.

El ministro del Interior dijo que «nunca hubo un acercamiento» con Kicillof: «Difícilmente encontremos un punto de acuerdo, queremos un país en libertad, desregulado, mientras que Kicillof quiere lo contrario, alta regulación, altos impuestos, no vamos a ponernos de acuerdo con eso, es difícil conseguir que pueda acompañar este proceso».

Por Marcos Novaro. El federalismo fiscal es una buena idea. Salvo que se use para que cada nivel de gobierno haga lo que se le cante, se multipliquen los impuestos que se cargan sobre las mismas actividades y personas, y se echen la culpa unos a otros, los funcionarios nacionales, provinciales y municipales, cuando los resultados se revelen desastrosos. Como sucede en nuestro caso, no de ahora, sino hace bastante tiempo.

Para que ese no sea el resultado, el federalismo bien entendido hace lo posible por lograr cierta «coordinación tributaria», que permita que tanto la nación como las provincias y municipios cobren los impuestos necesarios para sostener los bienes públicos a su cargo, sin ahogar a los contribuyentes, ni imponerles dobles o triples exacciones, ni darles señales contradictorias sobre las actividades que el sector público desea estimular, o las que busca desalentar.

La auditoría del Estado nacional que encargó la gestión de Javier Milei encontró irregularidades en los fondos fiduciarios bajo el ala de ministerios y organismos oficiales. Se trata de cajas multimillonarias sobre las que desde hace décadas hay pocos controles y muchas dudas. Una especie de caja negra de la política.

En este sentido, la revisión del estado de situación que llevó adelante la Casa Rosada detectó fondos sin auditar desde 2012, posibles conflictos de intereses entre los miembros de sus comités y hasta fideicomisos que destinan más dinero a sus propios gastos administrativos que a la tarea para la que fueron creados.

El Partido Justicialista realizará este viernes su primer Congreso partidario del año, en el microestadio de Ferro, con el recambio de autoridades como principal tema de agenda, pero con la mira puesta en 2025, primer desafío electoral del Gobierno de Javier Milei.

Una vez aceptado el pedido de licencia del actual presidente del PJ, Alberto Fernández, el planteo de una cada vez más grande fracción del peronismo es el de habilitar la convocatoria a internas para definir las nuevas autoridades, que -dicen- así tendrían mayor legitimidad.

Por Fernando Fraquelli. Ante el aumento desmedido de los casos de dengue, diputados opositores solicitaron citar al ministro de Salud de la Nación, Mario Russo, a la Cámara de Diputados.

Fue la diputada radical, Carla Carrizo, la que presentó y fundamentó el pedido, ya que según el último informe epidemiológico, a la primera semana de marzo las provincias con más afectados de dengue son Buenos Aires, Chaco, Santa Fe, Formosa, Córdoba, Misiones, Corrientes, Tucumán y CABA.

Pese a que en las últimas horas aparecieron algunas dudas puertas adentro del PRO, Mauricio Macri será el nuevo presidente del partido. Tras una larga jornada de idas y vueltas, se cerró una lista de unidad. El exjefe de Estado había logrado amplios consensos dentro del partido y el respaldo de gobernadores e intendentes, pero se había trabado la negociación por el reparto de cargos.

Este martes se destrabó la cuestión y se decidió que tanto Macri como la actual titular del espacio, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, conservarán un tercio cada uno de los lugares de poder. Además, también tendrán un cargo cada uno: Mauricio presidirá el Consejo nacional del PRO, mientras que la funcionaria de Javier Milei quedará al frente de la Asamblea partidaria.

En una presentación conjunta ante el juez federal, Julián Ercolini, el Ministerio de Capital Humano y la ANSES pidieron ser querellantes en la causa que investiga los intermediarios de seguros durante la gestión de Alberto Fernández.

En su presentación conjunta, dichos organismos estatales (denunciantes en el caso también), aportaron testigos, solicitaron que «se perite la firma de Federico Alejandro D’Angelo Campos que surge de la nota cuya fotografía fue acompañada en el expediente oportunamente». Además, requirieron el juzgado que se realice una prueba pericial contable para evaluar el perjuicio económico del Estado por la maniobra de los brokers de NACION SEGUROS S.A.