El máximo tribunal catamarqueño dispuso un sumario para determinar responsabilidades de dos jueces y tres fiscales en la extinción de la acción penal por la muerte de cuatro adolescentes en la Alcaidía de Menores.
La Corte de Justicia de Catamarca ordenó un sumario para deslindar las responsabilidades de dos jueces y tres fiscales en la extinción de la acción penal por la denominada Tragedia de la Alcaidía, ocurrida en 2004 y en la que murieron cuatro adolescentes detenidos en el edificio.
La medida fue dispuesta en el marco de la sentencia que declaró la prescripción de la causa. Según el texto, la propia Corte atribuyó la prescripción a una «defección judicial». El sumario alcanza a cinco miembros del sistema judicial, quienes tendrán oportunidad de presentar su defensa.
De acuerdo con la información disponible, las juezas de Menores Ilda Figueroa y Ana María Nieto, que habían intervenido en la causa, fueron sobreseídas en 2016. Ese mismo año prescribió la causa por incumplimiento de deberes de funcionario público contra Javier Silva, quien se desempeñaba como ministro de Gobierno al momento de los hechos.
Los cuatro policías acusados de homicidio culposo agravado, en tanto, quedaron sujetos a la demora procesal. El expediente estaba listo para juicio en 2018, pero una serie de suspensiones agotó los plazos razonables para la persecución del delito. Uno de los acusados, Carlos Daniel Leiva, falleció el 15 de marzo de 2019 y fue sobreseído el 28 de julio de 2022, más de tres años después. La familia de Leiva había informado al juez sobre su fallecimiento en febrero de 2020.
La causa por la Tragedia de la Alcaidía se originó tras la muerte de cuatro adolescentes que permanecían detenidos en el edificio de la Alcaidía de Menores. La Justicia Civil condenó al Estado a indemnizar a los familiares de las víctimas, al considerar que las condiciones del lugar impidieron auxiliar a los encarcelados.
El sumario ordenado por la Corte es de carácter inédito en la provincia. Hasta el momento, no se registraron pronunciamientos públicos de las formaciones políticas, organizaciones civiles o del ámbito académico local sobre la prescripción de la causa.