Brizuela afirma que entre el 70% y el 80% de las pensiones por discapacidad auditadas en Catamarca serían fraudulentas

El diputado nacional libertario Adrián Brizuela declaró que entre el 70% y el 80% de las pensiones por discapacidad auditadas en Catamarca resultarían «truchas». Hasta el momento no se ha publicado ningún informe oficial que respalde ese porcentaje. La Defensoría del Pueblo y el Poder Judicial hallaron irregularidades en el procedimiento de ANDIS al suspender 4.300 prestaciones.

El diputado nacional libertario Adrián Brizuela declaró que entre el 70% y el 80% de las pensiones por discapacidad auditadas en Catamarca resultarían «truchas», retomando una afirmación que antes había formulado el diputado provincial Tiago Puente. Se trata de una aseveración que se repite sin que hasta el momento cuente con respaldo documental verificable en la realidad catamarqueña.

No existe ningún informe público, oficial o de un organismo de control que sostenga ese porcentaje. Ni la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANDIS), ni el Ministerio de Desarrollo Humano, ni ninguna auditoría conocida han publicado un desglose que permita afirmar que ocho de cada diez pensiones por discapacidad relevadas en la provincia sean fraudulentas. Sostener una cifra de ese calibre sin explicitar su fuente, su metodología o el universo sobre el que fue calculada instala sospecha sobre miles de familias catamarqueñas sin ofrecerles posibilidad de contrastar la acusación.

Lo que sí existe, y es público, es lo contrario de lo que Brizuela sugiere. En febrero de 2026, la Defensoría del Pueblo de Catamarca advirtió que ANDIS no había presentado una sola prueba individual que acreditara que alguno de los 4.300 beneficiarios catamarqueños a quienes se les suspendió el pago de la pensión hubiera presentado un certificado médico falso o una certificación que no correspondiera. La suspensión masiva no estuvo precedida ni acompañada de evidencia alguna sobre irregularidades individuales.

A esa constatación se sumó la Justicia. Al ordenar la restitución de las pensiones suspendidas, los tribunales consideraron que ANDIS había actuado de manera irregular al dar de baja las prestaciones sin dictar previamente un acto administrativo que lo justificara, tal como exige el debido proceso. Es decir: el propio Poder Judicial encontró que el procedimiento del organismo nacional, y no la conducta de los beneficiarios catamarqueños, fue lo irregular.

Hasta septiembre de 2026 no se ha publicado un desglose oficial que permita establecer cuántas de esas 4.300 prestaciones terminaron siendo dadas de baja en forma definitiva y por qué causal específica. Tampoco surge del expediente judicial un solo caso individualizado de un beneficiario catamarqueño que hubiera presentado un certificado médico falso.

Si el diputado nacional está interesado en denunciar irregularidades en el área de discapacidad, existen datos con resultados publicados y concluyentes. La auditoría realizada en la propia ANDIS tras el desplazamiento de Diego Spagnuolo, que relevó el período diciembre de 2023-agosto de 2025, detectó la ausencia de un sistema integral de control para el programa Incluir Salud, irregularidades en las compras de medicamentos e insumos, deficiencias graves en la documentación respaldatoria, contratos con prestadores que no estaban regularizados y debilidades sistemáticas en el control de expedientes. Encontró, además, un desfasaje de 158.717 millones de pesos en los registros contables internos del organismo, sobreprecios de hasta veinte veces el valor de referencia en insumos médicos y ortopédicos, bienes que figuraban como entregados sin que existiera constancia de su recepción, y casos de facturación duplicada, entre otras irregularidades documentadas que investiga la Justicia.

La auditoría de la gestión libertaria en la ANDIS exhibe cifras concretas, período relevado, metodología y hallazgos verificables. Contrasta con la afirmación de que ocho de cada diez catamarqueños con discapacidad estarían cobrando una pensión de manera fraudulenta.