El Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley que establece penas de prisión de hasta doce años para quienes, por orden de un Estado u organización extranjera, busquen alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva. Especialistas y organismos advierten sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión.
El Poder Ejecutivo, a través del presidente Javier Milei, envió al Congreso de la Nación para su tratamiento el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional. La iniciativa incorpora un artículo en el Código Penal, el 225 bis, que establece penas de prisión de hasta doce años para quienes, actuando por orden de un Estado u organización extranjera, busquen alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante “campañas coordinadas de desinformación masiva”. La pena se amplía a un rango de entre 8 y 15 años “si la conducta se cometiere mediante amenazas, sobornos, coerción o uso de estructuras criminales”, según el texto de la iniciativa.
El proyecto generó cuestionamientos de diversos sectores. El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) advirtió que la ley presenta un riesgo para el ejercicio del periodismo y que el artículo no delimita con claridad qué conducta se castiga, lo que deja un margen amplio para una aplicación discrecional. La Organización de los Estados Americanos (OEA), en un pronunciamiento difundido en los últimos días, sostuvo que introducir tipos penales ambiguos podría “criminalizar expresiones sobre funcionarios o personas involucradas en asuntos de interés público y establecer una herramienta con un fuerte efecto inhibitorio de la difusión de ideas, críticas e información por miedo a sufrir un proceso penal”.
El constitucionalista Andrés Gil Domínguez publicó en sus redes sociales que “expresiones tales como ‘manipular la opinión pública’, ‘campañas coordinadas’ o ‘desinformación masiva’ carecen de una delimitación normativa suficientemente precisa para permitir que una persona pueda conocer anticipadamente qué comportamiento concreto se encuentra prohibido y cuál permanece dentro del ámbito de lo jurídicamente permitido”. A esa posición se sumó el constitucionalista Félix Lonigro, quien afirmó que la iniciativa es una restricción a la libertad de expresión.
El proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional se encuentra en el Congreso para su tratamiento. La defensa de la soberanía y la protección de los procesos electorales frente a injerencias externas son objetivos mencionados en la iniciativa, mientras que las observaciones de especialistas y organismos apuntan a la ambigüedad de los términos utilizados y a su posible impacto en la libertad de expresión.