Un grupo de 36 extrabajadores de la fábrica Neba formalizó la intimación laboral por el pago de indemnizaciones. La empresa tiene cinco días hábiles para responder antes de que se inicien acciones judiciales.
Un grupo de 36 extrabajadores de la fábrica Neba presentó telegramas laborales que intiman a la empresa por el pago de indemnizaciones adeudadas. La medida fue formalizada luego de meses de reclamos sin respuesta y establece un plazo de cinco días hábiles para que la compañía dé una solución antes de que se avance con acciones judiciales.
Ricardo Arse, uno de los extrabajadores, explicó: «En la intimación va especificado el plazo de cinco días hábiles para ver si tenemos respuesta con respecto a lo que nos están adeudando y, si no, ya pasaría a un juicio».
Los abogados Lucía Janet Rodríguez y Cristian Exequiel Morales, representantes legales de los extrabajadores, indicaron que la medida constituye un nuevo paso en el reclamo por el cumplimiento de las obligaciones indemnizatorias asumidas por la empresa. Recordaron que existe un acuerdo firmado entre los extrabajadores, la Dirección de Inspección Laboral (DIL) y un gerente representante de la empresa, en el que se establecieron los montos correspondientes, aunque esos importes no fueron abonados en su totalidad.
Según informaron, desde la DIL se comunicó que se evaluará la aplicación de sanciones o multas a la empresa por el incumplimiento del acuerdo. De no producirse el pago una vez agotada esta instancia, los próximos pasos serán avanzar por la vía ejecutiva para el cobro de las sumas adeudadas y, de ser necesario, iniciar las acciones laborales que correspondan.
Los extrabajadores continúan a la espera de una respuesta concreta del Gobierno provincial respecto de su situación laboral. Según sus representantes legales, la mayoría se encuentra desempleada y son el sustento de sus familias. Pese a los reclamos y movilizaciones frente a la Casa de Gobierno, no obtuvieron una solución concreta.
Arse precisó que el Gobierno se hizo cargo del 20% del total de la indemnización, mientras que a la empresa le correspondía abonar el 80% restante. De ese porcentaje, la compañía solo pagó la mitad y desde entonces no volvió a dar respuestas. La deuda por ese saldo lleva unos tres meses, aunque el grupo se encuentra sin trabajo desde hace ocho meses.
Arse cuestionó el rol del sindicato en el conflicto. Sostuvo que la respuesta del gremio «siempre fue negativa», limitada a pedirles que esperaran mientras aseguraban que se comunicarían con la empresa, sin llegar a una respuesta coherente. «El gremio nos soltó de la mano», afirmó.
Según relató, el referente gremial les había dicho inicialmente que avanzaran con la búsqueda de un abogado propio, pero al día siguiente ofreció una alternativa distinta, con un letrado que haría las gestiones sin costo y de forma más rápida. Con esa propuesta, el sindicato se llevó a unos diez trabajadores, mientras que el resto, un grupo de 36, decidió avanzar de manera independiente con su propio estudio jurídico.
El extrabajador dijo desconocer si el grupo que permaneció con el gremio ya dio los mismos pasos legales y remarcó la posibilidad de realizar nuevas marchas.