Un análisis de la situación de comunidades indígenas y campesinas en Argentina, en el marco de las reformas impulsadas por el gobierno de Javier Milei y proyectos legislativos vinculados a desalojos.
La situación de los pueblos indígenas y las familias sin acceso a vivienda digna en Argentina ha sido objeto de debate en los últimos meses. Según la abogada Andrea Morales Leanza, especialista en Derecho Indígena, se observa una consolidación de un modelo político y económico que entiende el suelo como una mercancía, en lugar de un espacio de vida e identidad para las comunidades.
Morales Leanza, quien ha acompañado a comunidades de la Puna argentina, señaló que en zonas como Humahuaca, Cachi y la Comunidad Indígena de Peñas Negras se registran conflictos por la tenencia de tierras. En estos territorios, a más de tres mil metros de altura, las comunidades carecen de acceso permanente al agua, salud y justicia, aunque sí reciben la presencia de fuerzas de seguridad en operativos de desalojo.
La Constitución Nacional Argentina, en su artículo 75 inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y garantiza la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que ocupan tradicionalmente. Además, el país ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece la obligación de realizar consultas previas, libres e informadas ante decisiones que afecten a estas comunidades.
En este contexto, el gobierno nacional de Javier Milei impulsa reformas y proyectos legislativos orientados a agilizar los desalojos, entre ellos la propuesta conocida como “desalojo exprés”, que aún se encuentra en debate legislativo. Según la abogada, de aprobarse sin resguardos adecuados, estas medidas podrían debilitar las garantías procesales de comunidades campesinas, indígenas y familias en situación de vulnerabilidad.
El debate no se limita al ámbito jurídico. Morales Leanza citó a la filósofa Hannah Arendt, quien sostenía que la deshumanización comienza cuando se deja de reconocer al otro como sujeto de derechos, y al papa Francisco, quien afirmó que “tierra, techo y trabajo son derechos sagrados”. También mencionó al filósofo Emmanuel Levinas, para quien la ética nace de la responsabilidad frente al otro.
La abogada concluyó que la democracia no debe medirse solo por la estabilidad económica, sino también por la capacidad de proteger a los más vulnerables y de respetar la Constitución y los compromisos internacionales. Advirtió que si la ley se convierte en una herramienta para legitimar el despojo, se pone en crisis el Estado de derecho.