La iniciativa busca atraer inversiones de al menos US$ 1.000 millones en industrias mediante beneficios tributarios.
El Senado comenzará la próxima semana el tratamiento del proyecto de Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias (Súper RIGI), una de las principales iniciativas económicas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei para captar inversiones de gran escala en sectores vinculados al desarrollo tecnológico e industrial.
El oficialismo convocó para el miércoles 5 de agosto, a las 15.30, un plenario conjunto de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e Inversión y Legislación General, con el objetivo de avanzar en la firma del dictamen y acelerar el recorrido parlamentario de la iniciativa.
En La Libertad Avanza confían en reunir el respaldo necesario para obtener el dictamen gracias al acompañamiento de los bloques aliados que ya apoyaron el proyecto en la Cámara de Diputados. Sin embargo, las negociaciones continuarán hasta la convocatoria al recinto, donde el oficialismo aspira a sancionar la ley antes de que finalice agosto.
La propuesta fue aprobada por Diputados el pasado 24 de junio con 130 votos a favor, 107 en contra y siete abstenciones. Recibió el respaldo de La Libertad Avanza, el interbloque Las Fuerzas del Cambio, integrado por el PRO, la UCR, el MID y Por Santa Cruz; e Innovación Federal, espacio que responde a gobernadores de Salta y Misiones.
El proyecto crea un régimen especial destinado a atraer inversiones en actividades que actualmente no tienen un desarrollo consolidado en el país o que atraviesan una etapa inicial de expansión. Entre los sectores alcanzados figuran la industrialización de minerales críticos, como litio y uranio; la biotecnología; la fabricación de baterías; el hidrógeno verde; los vehículos eléctricos; las turbinas eólicas; los paneles solares; los reactores nucleares modulares; los semiconductores y la inteligencia artificial.
Para acceder al régimen, las empresas deberán comprometer inversiones mínimas por US$ 1.000 millones, un monto cinco veces superior al exigido por el RIGI vigente. A cambio, el Estado otorgará estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria durante 30 años, además de un conjunto de beneficios tributarios y financieros orientados a mejorar la rentabilidad de los proyectos.
Entre los incentivos previstos se incluyen la reducción del Impuesto a las Ganancias al 15%, la amortización acelerada de inversiones, certificados de crédito fiscal para cancelar IVA y contribuciones patronales, la deducción de quebrantos sin límite temporal, la eliminación de derechos de importación y exportación y un esquema de libre disponibilidad de divisas que alcanzará el 100% a partir del tercer año de adhesión. Además, el régimen tendrá una vigencia inicial de cinco años, con posibilidad de extenderse por uno más.