miércoles, 15 julio, 2026
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Investigan presuntas irregularidades en operativo por abigeato en el Este provincial

Los dueños de los animales reclamaron la propiedad de la hacienda tras ser secuestrada y presentaron denuncias contra personal policial y judicial por su actuación durante el procedimiento en el Puesto La Pastora.

Luego de los operativos desplegados en Santa Rosa y Paclín contra presuntos abigeatos, la investigación tomó un rumbo diferente. Los animales secuestrados comenzaron a ser restituidos a sus dueños tras comprobarse su origen legal, mientras que en paralelo se presentaron denuncias contra el personal policial y judicial por presuntas irregularidades durante el procedimiento.

La intervención, iniciada en el marco de una investigación por supuesto abigeato, comenzó a ser cuestionada por el desempeño de los organismos que participaron de las tareas. El procedimiento se llevó a cabo en el Puesto La Pastora. Para llegar al lugar, una zona de difícil acceso a la que se ingresa por Alijilán, la comisión recorrió 19 kilómetros en vehículos y otros 6 a pie por senderos de montaña.

Durante las tareas se realizaron allanamientos en viviendas de la familia Montiveros y de otros vecinos de la zona. Como resultado, 28 caballos y 42 vacunos quedaron inicialmente bajo la figura de depositario judicial mientras se realizaban las averiguaciones correspondientes. Sin embargo, a las pocas horas la situación comenzó a cambiar. Tras la presentación de la documentación que acreditaba la legítima propiedad de la hacienda, y por disposición del fiscal interviniente, se inició la restitución de los animales a sus dueños. En tanto, la investigación principal continúa bajo la dirección de la Fiscalía de Instrucción N° 2.

El caso derivó en una serie de denuncias penales contra quienes encabezaron el procedimiento. Entre ellas se encuentran las presentadas por Luis Bautista Montivero, Alexander Sebastián Uriel Guerrero y Manuel René Navarro, quienes relataron episodios de extrema gravedad. Según las presentaciones judiciales, los denunciantes sostienen que durante los procedimientos fueron amenazados, golpeados y presionados para admitir que integraban una banda de cuatreros.

Montivero denunció que el jefe de Abigeato, identificado de apellido Márquez, acompañado por varios efectivos, ingresó al predio preguntando por una vaca y que posteriormente él y sus familiares fueron intimidados. Además, afirmó que le secuestraron un caballo, su teléfono celular y otros bienes que hasta el momento de la denuncia no le habían sido restituidos.

Por su parte, Alexander Guerrero aseguró que los efectivos esposaron a integrantes de su familia, que un funcionario judicial golpeó a uno de sus tíos y que el propio jefe de Abigeato agredió físicamente a uno de sus primos. También denunció el secuestro de su teléfono celular.

En tanto, Manuel René Navarro denunció que durante el procedimiento fueron secuestrados un potro y una potranca de su propiedad, animales que aseguró no tenían relación alguna con la investigación.

Uno de los aspectos más delicados de las denuncias apunta a la actuación de la delegada judicial que participó del procedimiento. Los denunciantes sostienen que todas las presuntas agresiones, amenazas y presiones ocurrieron en presencia de la funcionaria judicial, quien actuaba como garante de la legalidad y transparencia del procedimiento, sin que —según los denunciantes— interviniera para impedir esos hechos.

Andrés Montivero manifestó que, tras demostrar la propiedad de los animales, toda la hacienda fue restituida, aunque aseguró que aún faltan elementos personales secuestrados dentro de la propiedad durante los allanamientos.

Además, sostuvo que tanto él como los demás afectados debieron contratar abogados para defenderse de acusaciones que finalmente no pudieron sostenerse y ahora reclaman que se investiguen las presuntas vejaciones, los apremios ilegales, el abuso de autoridad y la violencia denunciada durante el operativo.

La causa abre ahora un nuevo capítulo, ya no centrado en un supuesto caso de abigeato, sino en el análisis del procedimiento llevado adelante por las fuerzas de seguridad y la actuación de los funcionarios judiciales que participaron del masivo despliegue realizado en La Pastora.

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